3 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

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La subvención con destino a la financiación del 50% del coste del servicio de extinción de
incendios del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, por los servicios supramunicipales
prestados, ha provocado que el Consistorio, por el incremento de costes del servicio en 1996,
reclame 41 millones de ptas. que no han sido aprobados por la DFG por representar un
incremento muy superior al IPC, aspecto este último no fijado en el convenio.
Regular de modo más detallado las subvenciones nominativas y las derivadas de
convenio limitando las exenciones al principio de concurrencia a aquellos casos
en que sea imposible suscitarla por motivos que siempre deberán de acreditarse.
Para estos casos excepcionales también deben establecerse controles específicos,
e incrementar la transparencia del proceso dando publicidad a los convenios.
Además, los convenios deben hacer referencia a los importes máximos a abonar
por la DFG.
111.8.2 CRITERIOS DE REPARTO
En determinadas convocatorias para la adjudicación de subvenciones se detecta la práctica
de dejar un amplio margen discrecional para determinar los gastos objeto de subvención y
para establecer los porcentajes aplicables a cada uno de los proyectos presentados. Esta
práctica afecta en particular a las líneas subvenciónales de fomento de empleo, desarrollo
económico industrial, agrario y ganadero y las ayudas a entes locales.
Debe reducirse el ámbito de la discrecionalidad al mínimo imprescindible en las
convocatorias de subvenciones.
111.8.3 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES LOCALES
Los principales programas de subvenciones, vigentes durante 1996, para inversiones en
ayuntamientos representaron un coste para la DFG de 1.304 millones de ptas., sin que exista
un plan de actuaciones a medio plazo que identifique los principales déficits de los servicios
municipales.
Sería conveniente definir un plan plurianual de inversiones, que podría
prolongarse durante los periodos legislativos, de manera que se incluyesen
todas las actuaciones subvencionables por la DFG, dando prioridad al
acondicionamiento de los servicios básicos y obligatorios municipales recogidos
en la Ley de Bases de Régimen Local. Esta situación permitiría a los entes
locales priorizar sus inversiones y no estar condicionados a la existencia
presupuestaria de determinados programas que en ocasiones pueden no ser
preferentes para los ayuntamientos.
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