3 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

Asimismo, sería recomendable que se exigiera a los entes subvencionados el
cumplimiento de los principios básicos de la contratación: publicidad y
concurrencia.
111.8.4 SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES LOCALES
La DFG subvenciona las estancias de ancianos con una cantidad fija por residente, otra parte
a cargo del usuario y el resto a cargo de los ayuntamientos (algunos no financian el coste de
las residencias asistidas). En los municipios de Eibar y Tolosa la DFG posee residencias de
ancianos para atender a la población, básicamente de sus comarcas. En estas residencias el
usuario paga una parte y la DFG afronta el resto del coste.
La DFG realiza la limpieza de playas en el Territorio, excepto en el municipio de Donostia-
San Sebastián que es realizado por el propio ayuntamiento siendo financiado el gasto por la
Diputación mediante subvención para este concepto.
La línea de subvención de la ayuda a domicilio, limita la cantidad máxima a aportar a los
municipios mayores a 2.000 habitantes, pero no existe límite alguno para los de población
inferior, siendo las cantidades a aportar por este concepto diferentes entre ambos tramos de
población. Además, hay que señalar que, en algunos casos, las cantidades concedidas en
concepto de bonificación por aportación municipal no se adecúan a las del convenio. Por otra
parte, hay que señalar que el programa informático es incompatible con los de los
ayuntamientos, por lo que deben proceder a un tratamiento manual individualizado de todos
los beneficiarios.
En las subvenciones comentadas deben seguirse criterios lo más homogéneos
posibles con la finalidad de que todos los ayuntamientos reciban un tratamiento
similar en las cantidades concedidas por la DFG.
En cuanto a las subvenciones a residencias, sería conveniente que la aportación
foral estuviese condicionada a las aportaciones de los residentes y de los
ayuntamientos.
111.8.5 ENTIDADES COLABORADORAS
En algunas convocatorias se adjudican las subvenciones a determinadas entidades a quienes
se encomienda la responsabilidad final de distribuir los fondos asignados a la línea subvencional.
El caso más representativo es el de las Asociaciones de Montaña, entes de derecho privado
regulados por el Decreto 394/85, de las que forman parte asociaciones de agricultores y
ayuntamientos. A estas entidades se les concedió ayudas por 590 millones de ptas. en 1996
que destinaron a subvencionar inversiones en infraestructuras de las zonas rurales, a partir
de solicitudes presentadas por ayuntamientos y particulares.