3 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

Por acuerdo del Consejo de Diputados de 9.07.96, las remuneraciones de los empleados de
la Diputación se incrementaron en un 4%, más un importe lineal de 10.000 pesetas por
empleado en aplicación del ARCEPAFE (Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
del Personal Foral y Local de Euskadi). El Real Decreto Ley 12/1995, de 28 de diciembre,
sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera (art.4) limita los
incrementos de retribuciones para el conjunto del sector público al 3,5%.
La Diputación estableció un servicio propio de clases pasivas en 1983 para gestionar un
sistema complementario a favor de los funcionarios de la administración foral y local de
Gipuzkoa. Por NF 6/86 se disuelve el citado servicio asumiendo la Diputación el pago de las
pensiones del personal jubilado hasta el 1.01.86, originando en 1996 gastos por 168 millones
de ptas. por los pagos a 404 funcionarios, de los cuales 72 prestaron servicios en la DFG y los
otros 332 en diferentes ayuntamientos del Territorio Histórico. El resto del epígrafe de
pensiones complementarias del cuadro anterior se corresponde con diferentes pensiones
graciables concedidas a 90 personas que mantuvieron vínculos contractuales con la DFG en el
pasado.
Los funcionarios en activo el 1.01.86 se integraron en Elkarkidetza, garantizándoseles unas
pensiones complementarias mínimas cuyo coste devengado hasta la fecha de adhesión
(deuda actuarial) se cuantificó en 437 millones de ptas., pagaderos a Elkarkidetza en 15
anualidades a partir de 1987 devengando intereses al 8%. A 31.12.96 figuran pendientes 210
millones de ptas. en los epígrafes de acreedores a largo plazo y no presupuestarios del balance
de situación adjunto. Los 43 millones de ptas. del anterior cuadro se corresponden con una
anualidad de amortización, registrándose los intereses en el capítulo 3 de gastos.
Además de la deuda actuarial, la Diputación debía pagar a Elkarkidetza cuotas mensuales
hasta la jubilación del empleado. Con la equiparación de las pensiones de los funcionarios en
1993 siguió atendiendo los vencimientos de la deuda actuarial y limitó el pago de cuotas
corrientes a un colectivo de empleados, 173 funcionarios en activo y 84 jubilados a 31.12.96,
a los que NF6/86 garantizaba unas prestaciones rmnimas, lo que originó gastos por 22
millones de ptas. en 1996. Estas aportaciones se contemplan en la Disposición Final 2 a de la
Ley 8/1987 de Planes y Fondos de Pensiones en la nueva redacción dada por el apartado 23 de
la Disposición Adicional 1 I a de la Ley 30/1995 de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión
del Seguro Privado. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha iniciado a trámite una
cuestión de inconstitucionalidad al efecto de que se determine la adecuación constitucional
de esta disposición.
Según se ha comentado, en 1993 los funcionarios integrados en la MUNPAL se integraron
en el régimen general de la Seguridad Social, incrementándose sus expectativas de pensiones,
motivo por el que las administraciones deberán pagar durante 20 años a partir de enero de
1996 una cuota adicional del 8,2% sobre las retribuciones futuras del personal afectado y un
1% adicional durante los meses de enero a septiembre de 1996 como compensación de los
costes de la asistencia sanitaria. Las Cuentas adjuntas no incluyen pasivo alguno para atender
a los pagos futuros originados por la integración, cuyo importe debiera ser estimado mediante
estudio actuarial. El coste adicional correspondiente al ejercicio 1996 ascendió a 205 millones
de ptas.