3 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

En el concurso de adjudicación de las obras de reforma de la 7 a planta de la Residencia de
Eibar, resultó decisivo el criterio del plazo de ejecución para decidir la adjudicación.
Posteriormente, el contratista incumplió el plazo establecido sin que la DFG aplicara
penalización por el retraso.
Los criterios del PCAP deben aplicarse y respetarse más allá del momento de la
adjudicación. Si la aplicación de un criterio no se va a exigir en la ejecución de
la obra, no debe ser objeto de valoración en el concurso, puesto que, como en
este caso, además de la administración por el retraso, el resto de licitadores han
resultado perjudicados al haber sido alscriminados por la valoración de este
criterio.
Hay que destacar como elemento positivo la presencia de un representante de Intervención
en las Mesas de Contratación. En los expedientes tramitados por el Departamento de
Carreteras no se ha dejado constancia durante el primer semestre de 1996 de los miembros y
personas asistentes a las aperturas de plicas.
Las actas de las Mesas de Contratación deben dejar constancia de los miembros
que las componen y de sus asistentes.
III.7.2 LIQUIDACIONES
Durante 1994 se adjudicó la prestación de servicios de recogida de información a los efectos
de la finalización del catastro urbano del Territorio Histórico de Gipuzkoa por un importe de
373 millones de ptas. La ejecución de estos trabajos habría de realizarse en 4 fases, concluyendo
la tíltima en 1998. Durante 1996, una vez comenzada la segunda fase, se acordó resolver el
contrato por no ser de interés para la DFG. Esta resolución ha supuesto un coste para la DFG
de 114 millones de ptas. (37 millones por la primera fase, 66 millones por los trabajos
efectuados de la segunda fase y 11 millones por indemnización a los adjudicatarios).
El informe técnico que justifica la suspensión previa a la resolución del contrato señala, por
una parte, que existen importantes errores en la recogida de datos que realizaron las
empresas adjudicatarias y que no pudieron detectarse en el momento de la recepción de los
trabajos debido a una falta de medios por parte de la DFG. Asimismo, se argumenta la
necesidad de resolver el contrato por no considerarse necesario implantar un nuevo catastro,
tal como estaba previsto en la adjudicación del contrato, sino que partiendo del existente,
revisarlo en cuanto sea necesario.
De los hechos descritos se deduce que la DFG ha actuado sin la debida planificación, ya que
ha adjudicado unos trabajos que luego no han podido ser utilizados, tanto por los errores
existentes como por la falta de medios para su detección, así como por un cambio de criterio
en cuanto a la forma de enfocar la realización del catastro.