3 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

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En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, la Diputación
ha desarrollado razonablemente su actividad económico-financiera de acuerdo con la
normativa vigente.
1.2 RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO
Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis
sobre la eficacia y eficiencia del gasto foral y por tanto no podemos emitir una opinión sobre
la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b de la Ley
1/88 del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales detectados se detallan en el
epígrafe III de este informe.
1.3 CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL
La DFG, a diferencia de ejercicios anteriores, ha imputado al presupuesto de 1996 las
retenciones efectuadas a sus trabajadores en el mes de diciembre, así como las efectuadas ese
mismo mes por rentas de capital. Este cambio de criterio ha supuesto una mayor recaudación
de 1.016 millones de ptas. (ver A. 12).
1.- La Diputación no registra como ingreso las liquidaciones tributarias que al cierre del
ejercicio están pendientes de cobro o de pago. Este saldo pendiente, modificado en su caso
con los importes de dudosa cobrabilidad, supondría un incremento del Remanente de
Tesorería en un importe no cuantificado (ver A.9 y A. 11).
2.- La Diputación no mantenía registros auxiliares que desglosasen por elemento todos los
saldos del inmovilizado, ni desarrolla un seguimiento sistematizado del mismo que asegure el
registro contable de todos los hechos económicos que afecten a este epígrafe del balance (ver
A.7).
3.- El balance de situación adjunto no incluye los pasivos generados por la integración de los
funcionarios en abril de 1993 a la Seguridad Social y por las pensiones complementarias
adeudadas por el extinto sistema foral de pensiones, -obligaciones a estimar mediante estudio
actuarial (ver A.4).
4.- La Diputación registra el gasto por expropiaciones en el ejercicio en que se produce el
acuerdo con el propietario afectado. Como consecuencia de este criterio, a 31.12.96 existían
compromisos sin registro por un importe no cuantificable debido a las limitaciones del
sistema de control de la Diputación (ver A.7).