Protesta-social

según ya se dijo, Labatut se limita a transcribir los artículos. Lo mismo ocurre
respecto de las otras faltas mencionadas por Labatut que tienen un impacto
menor.
Según se pudo observar los dos autores nacionales que se hacen cargo del
delito en sus respectivos manuales, no problematizan con la redacción del tipo
ni las opciones del legislador a la hora de tipificar estas conductas.
Ello no obstante, que al menos un grave problema salta rápidamente a la
vista con la tipificación seguida por el legislador. A saber, que las conductas sancionadas
no se encuentran suficientemente descritas en el tipo.
Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al referirse
a la verificación o no de una violación del artículo 9 de la Convención Americana:
“Con respecto al principio de legalidad penal, la Corte ha señalado que la
elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta
incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos
no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad
en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al
arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer
la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan
severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad” 16/17 .
En igual sentido se pronuncia la doctrina así: “El tercer requisito, de lex
stricta, impone un cierto grado de precisión de la ley penal… El postulado de la
precisión de la ley da lugar al llamado ‘mandato de determinación’ que exige que
la ley determine de forma suficientemente diferenciada las distintas conductas
punibles y las penas que puede acarrear. Constituye éste un aspecto material del
principio de legalidad que trata de evitar la burla del significado de seguridad y
garantía de dicho principio, burla que tendría lugar si la ley penal previa se limitase
a utilizar cláusulas generales absolutamente indeterminadas” 18 .
La conducta: “perturbar gravemente la tranquilidad pública” en mi opinión
no cumple con la exigencia descriptiva que ha exigido la Corte Interamericana
de los Estados a la hora de cumplir con la exigencias del artículo 9 de la Convención
convirtiéndola en una ley penal abierta y viola no solo dicho tratado
internacional sino uno de los principios básicos del derecho penal liberal.
Sin embargo, la Constitución de la República de Chile en su artículo 19 nº
3 no es tan rigurosa en su exigencia descriptiva para las leyes penales. En efecto,
según da cuenta Enrique Evans De la Cuadra: “Este inciso final del artículo
19 N° 3 del artículo 19 pretendió, en su origen, prohibir la dictación de las llamadas
leyes penales en blanco, que son aquellas en que el legislador se limita a
describir parcialmente la conducta sancionada remitiéndose a otras normas
16 Cfr. Caso “Ricardo Canese”, nota 3, párr. 174; y caso “Cantoral Benavides”, nota 25,
párr. 157 y caso “Castillo Petruzzi y otros”, nota 25, párr. 121. Citad por la Corte Interamericana
en el fallo.
17 Corte Interamericana, caso “Lori Berenson Mejía c. Perú”, Sentencia de 25/11/2004,
párr. 125.
18 Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte General, PPU, ps. 85 y 86. En igual sentido
parte de la doctrina nacional, por ejemplo, Juan Bustos Ramírez, Manual de Derecho Penal.
Parte general, 3ª ed., Ariel, ps. 60 y siguientes.
86 – FRANCISCO COX