Protesta-social

derecho penal continúa siendo utilizado por las autoridades ecuatorianas para
criminalizar a quienes ejercen su derecho a realizar manifestaciones públicas.
De hecho, con posterioridad a las amnistías han surgido muchos nuevos casos
que ahora se encuentran pendientes ante los jueces y tribunales.
Asimismo, desde el Ejecutivo se continúa la práctica de emitir amenazas a
quienes anuncian o realizan manifestaciones contra las políticas oficiales. En
varias ocasiones el Presidente de la República ha acusado públicamente de sabotaje,
separatismo, y otros graves delitos, a quienes han manifestado públicamente
su desacuerdo con el gobierno, y ha solicitado que se aplique todo el rigor
de la ley para sancionarlos.
La utilización de sanciones penales, sumada a las amenazas de altas autoridades
del Estado, tiene un efecto disuasivo respecto de quienes buscan reivindicar
sus derechos utilizando el espacio público para manifestar sus ideas. Al respecto,
la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha
reconocido que “la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es cierto
que su ejercicio puede ser abusivo y causar daños individuales y colectivos
importantes. Pero también es verdad que las restricciones desproporcionadas
terminan generando un efecto de silenciamiento, censura e inhibición en el
debate público que es incompatible con los principios de pluralismo y tolerancia,
propios de las sociedades democráticas. No resulta fácil participar de manera
desinhibida de un debate abierto y vigoroso sobre asuntos públicos cuando la
consecuencia puede ser el procesamiento criminal, la pérdida de todo el patrimonio
o la estigmatización social. Por eso es imprescindible ajustar las instituciones
y la práctica punitiva del Estado a los imperativos de marco jurídico interamericano”
9 .
II. Tipos penales que favorecen la criminalización del derecho a la protesta pacífica
Como se adelantó, en Ecuador las normas penales son frecuentemente utilizadas
para sancionar a quienes ejercen su derecho a expresarse en manifestaciones
públicas. Ahora bien, es necesario distinguir entre aquellas normas del
derecho penal que en sí mismas son problemáticas y aquellas que únicamente
generan un problema debido a la forma en que son utilizadas para intimidar y
sancionar a los manifestantes.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha señalado que resulta
en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía
pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y al
derecho de reunión. Por ello ha expresado su preocupación por la existencia de
disposiciones penales que convierten en actos criminales la simple participación
en una protesta, los cortes de ruta o los actos de desorden que en realidad, en sí
mismos, no afectan bienes como la vida o la libertad de las personas 10 .
9 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La agenda de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión: problemas persistentes y desafíos emergentes, párr. 35.
10 Ibídem.
ECUADOR – 105