Protesta-social

los conflictos sociales están estrechamente relacionados con los diferentes
momentos históricos del país; el tipo de gobierno y su forma de gestionar los
conflictos; el desempeño de la economía; las condiciones laborales; el debilitamiento
o desaparición de algunos actores sociales y la aparición o fortalecimiento
de otros afectan tanto al número de eventos como a su intensidad y las
consecuencias que de ellos se desprenden.
Los estudios de Laserna, Villarroel et al. comprenden una descripción de
tres etapas:
a) 1970-1982, gobiernos militares, en los que la visibilidad de los conflictos
fue menor por la censura a los medios de comunicación y la libertad de expresión
como parte de las restricciones a las libertades civiles, en ese período los
conflictos colectivos se enfocaron a la recuperación de derechos democráticos y
comprometieron un amplio espectro de actores.
b) 1982-2000, retorno a la democracia y cambios estructurales e institucionales,
período en el que las protestas se vincularon a las sucesivas crisis económicas
y los impactos de los ajustes macroeconómicos orientados al modelo neoliberal
que comprendía la transferencia al sector privado de los negocios
públicos. En este período, surgen y se multiplican modalidades alternativas de
protesta social para visibilizar demandas, principalmente de reivindicación económica,
como las marchas, los bloqueos y la toma física de instituciones. También
se producen conflictos por determinadas coyunturas o políticas aisladas
asumidas por cada gobierno.
c) 2000-2008, período de profunda crisis de Estado, luchas identitarias indigenistas,
regionalista y la transformación del orden constitucional y político. La
frustración por la falta de legitimidad de la representación política y la ineficacia
del modelo económico, combinadas con una frágil legitimidad política e institucional,
abren un proceso de profundos cambios que se operan a partir del
cambio del gobierno en 2006 con la asunción de Evo Morales y la transformación
del orden constitucional con la Asamblea Constituyente y la aprobación de
la Nueva Constitución a comienzos de 2009. Los conflictos responden tanto a
viejos problemas de reivindicaciones sociales y económicas como al impacto y
reacción que surgen de las reformas políticas, se producen enfrentamientos de
orden regional, político y étnico.
Otro estudio del PNUD 13 informa que entre los años 2000 y 2005 se registró
un elevado índice de conflictividad social, con un promedio entre 40 y 50
conflictos nuevos por mes, cuando la normalidad anterior en períodos democráticos
registraba entre 20 y 25. El rango analizado por el PNUD se caracteriza por
la demanda de nuevas leyes, modificaciones legislativas, derogaciones que,
según el análisis del PNUD, manifiesta la rebeldía de los bolivianos al cumplimiento
de la ley, y es a la vez, un indicador del grado de fragmentación y descomposición
de la unidad de la sociedad boliviana.
De acuerdo con estos estudios, los costos directos e indirectos del conflicto
representan varios puntos porcentuales del PIB en algunos años cercanos al
13 Para una mayor información puede revisarse: PNUD, Informe sobre el Estado de la
Información en Bolivia, La Paz, 2006.
22 – EDUARDO RODRÍGUEZ VELTZÉ Y FARIT L. ROJAS TUDELA