Protesta-social

tes fue beneficiada de amnistías generales otorgadas por la Asamblea Constituyente
entre marzo y julio de 2008, lo que extinguió las acciones penales y no permitió
el desarrollo de precedentes judiciales respecto de este tipo de casos. De tal
forma, la jurisprudencia ecuatoriana relativa a casos de protesta social es casi
inexistente y el desconocimiento de los jueces y demás funcionarios judiciales
sobre el tema es tangible. Por último, es necesario advertir que la selección de
casos que se presenta a continuación no es exhaustiva sino representativa de la
forma en que las autoridades estatales han enfrentado los conflictos que se generan
en el marco de protestas y manifestaciones.
III. A. Manifestaciones contra el Oleoducto de Crudos Pesados 18
Un antecedente que no puede dejar de mencionarse al hablar de criminalización
de la protesta en Ecuador es el de las manifestaciones contra la construcción
del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). El 15 de febrero de 2001,
Ecuador suscribió un contrato con el consorcio OCP Ltda. para la construcción
de un nuevo oleoducto. Los trabajos de construcción del OCP se iniciaron a principios
de julio de 2001, en medio de la oposición de varios sectores de la población,
e incluso ecologistas y campesinos afectados por la construcción del oleoducto.
Para el año 2003, la organización Acción Ecológica reportaba que 73
personas, nacionales y extranjeras, habían sido detenidas por oponerse pacíficamente
a la construcción del OCP. Algunos fueron detenidos por unas horas, otros
hasta por cinco días. Prácticamente todos fueron liberados en virtud de recursos
de hábeas corpus, lo que evidencia la ilegalidad de sus detenciones.
Así, por ejemplo, en marzo de 2002, un grupo de 17 activistas que se había
instalado en la zona más frágil del Bosque Protector Mindo Nambillo para impedir,
a través de una demostración pacífica, el avance de la construcción del OCP,
fue desalojado y luego detenido por un operativo policial dirigido por el Grupo
de Intervención Rescate (GIR). Entre los detenidos se encontraban 14 extranjeros
y 3 ecuatorianos (uno de los cuales era menor de edad). Para acusarlos se
aplicó el artículo 147 del Código Penal, que tipifica el delito de terrorismo. Algunos
extranjeros fueron liberados bajo condición de salir del país y el resto de
detenidos fue liberado el 1 de abril de 2002 en virtud de un hábeas corpus.
De manera similar, en la madrugada del 12 de mayo de 2002, ocho ecologistas
que habían subido a Guarumos fueron detenidos por un teniente que firmó
como “Policía Especial OCP”. Un menor de edad y un ciudadano alemán fueron
liberados, mientras que los otros seis fueron llevados a los calabozos del Centro
de Detención Provisional. Se los acusó de “permanecer en predios del OCP y violar
el derecho de vía”. El 13 de mayo en la tarde se ordenó que sean liberados.
Otro caso ocurrió el 9 de enero de 2002, cuando campesinos de la cooperativa
Unión Paltense de la parroquia 7 de Julio en Shushufindi realizaron una
18 El relato de estos hechos está basado en el siguiente documento: Acción Ecológica.
Boletín Alerta Verde 126: “Violaciones de los Derechos Humanos en la Construcción del OCP
(Oleoducto de Crudos Pesados)”, mayo de 2003, disponible en: www.accionecologica.org/images/docs/petroleo/alertas/viola.pdf.
ECUADOR – 111