Protesta-social

otros 29 en los cuales la jurisdicción militar ha sido utilizada para juzgar y sancionar
a civiles en virtud de lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional
declarada inconstitucional a mediados de 2008 30 .
Otro caso emblemático que fue beneficiado de dicha amnistía es el de Carlos
Zorrilla Cot 31 y otros pobladores de Intag. Las comunidades del valle de
Intag, en la provincia de Imbabura, han llevado a cabo una resistencia pacífica
contra la minería desde mediados de los 90 cuando Bishimetals, subsidiaria de
la empresa Mitsubishi, encontró ahí un yacimiento de cobre y molibdeno. El
proyecto fue abandonado en 1997 en virtud de la oposición de las comunidades
de Intag. Sin embargo, desde 2004 la empresa canadiense Ascendant Copper 32
llegó a Intag para realizar actividades de exploración.
Desde entonces, se inició un intenso conflicto en la comunidad, cuyos
miembros en su mayoría se organizaron para impedir de manera pacífica el
paso de los trabajadores de la compañía. En el año 2006, el conflicto en la zona
escaló rápidamente. A medida que la oposición a la minería fue creciendo, líderes
comunitarios de Intag habrían recibido amenazas de muerte por parte de
empleados y allegados de la compañía 33 . Asimismo, la compañía recurrió a la
contratación de fuerzas irregulares 34 (en su mayoría militares en servicio pasivo
y activo) para que ingresen a las comunidades utilizando pistolas, metralletas
y bombas lacrimógenas, provocando varios enfrentamientos y heridos 35 . La
compañía también recurrió a la iniciación de una serie de procesos judiciales
infundados en contra de los campesinos opositores a la minería, con miras a
intimidarlos.
Entre 2004 y 2006, en la Fiscalía, se registraron 13 denuncias contra pobladores
de Intag presentadas por empleados y gerentes de la empresa Ascendant
Copper. A pesar de que muchos de estos procesos se refieren a delitos menores
como robo de gallinas o lesiones leves, en varios de ellos, la Fiscalía dispuso la
29 A manera de ejemplo puede revisarse el proceso penal militar seguido en contra de
varias personas que se encontraban realizando acciones de protesta en el Sector de El Chaco en
Baeza, contra quienes el Juzgado Segundo de lo Penal de la Cuarta Zona Militar dictó un auto
cabeza de proceso el 23/2/2006.
30 Véase: Tribunal Constitucional, Ecuador, Resolución n° 0042-2007-TC, Registro Oficial
Suplemento 371, 1/7/2008.
31 El relato de los hechos de este caso está basado en documentos oficiales del Poder Judicial
proporcionados por INREDH.
32 Ahora Copper Mesa Mining Corporation.
33 Véase: CEDHU, Líderes de Intag en la mira de la persecución y el amedrentamiento,
23/8/2007, disponible en http://cedhu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=38.
34 El 8 de noviembre de 2006 se presentó una denuncia ante el Ministerio de Defensa respecto
de la participación de miembros de las fuerzas armadas en ataques a la población del valle
de Intag, incluyendo nombres y números de identidad de las personas que participaron de los
ataques, sin que hasta la fecha se conozca si el Estado inició alguna investigación al respecto.
35 Para ver las imágenes de la protesta pacífica y el uso desproporcionado de la fuerza y
las armas por parte de fuerzas irregulares en el valle del Intag, véase el documental “Bajo Suelos
Ricos”, en http://underrichearth.ryecinema.com/.
ECUADOR – 117