Protesta-social

de derechos humanos y miembros de organizaciones sociales. Sobre las características
de estas investigaciones en el informe se advierte que
“existe un patrón claro de investigaciones penales falsas en contra de los defensores
de derechos humanos. Generalmente, un fiscal regional inicia una investigación previa
en secreto de un defensor que puede incluir la recolección de informes de inteligencia
por parte el ejército, la policía judicial u otras entidades estatales de seguridad,
que suelen contener información irrelevante e inflamatoria. Después el fiscal
obtiene declaraciones falsas, incoherentes o contradictorias de testigos que reciben
beneficios de reintegración del estado por ser ex-combatientes. En esta etapa, es
común que un defensor sea capturado y detenido, y a veces significativamente después,
se le acusa de rebelión por presuntamente ser un terrorista o un guerrillero (…)
No hubo evidencia en ninguno de los casos revisados para producir este informe de
que un defensor hubiera usado la violencia o las armas. Al contrario, el proceso penal
suele basarse en la presunta pertenencia clandestina del defensor a las FARC. Es frecuente
que un fiscal superior archive o deseche la investigación después de que la
defensa solicite una revisión del caso (…) A veces, el fiscal lleva el proceso penal a
juicio en que es común que un juez declare al defensor inocente” 36 .
Un proceso penal adelantado en contra de dos líderes indígenas pone en evidencia
algunos de los patrones señalados por el referido informe. Estos líderes,
pertenecientes a la comunidad Embera Chamí y militantes del partido político
de izquierda Polo Democrático Alternativo, fueron acusados de ser ideólogos y
colaboradores del Frente Aurelio Rodríguez de las FARC y condenados en primera
instancia por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Manizales a la pena
de 8 años de prisión por el delito de rebelión. El juez de primera instancia tomó
en consideración los testimonios de tres guerrilleros desmovilizados que indicaron
que los líderes hacían parte del Partido Comunista Clandestino (PC3) que es
señalado como el brazo político de las FARC. El Tribunal Superior de Manizales
37 revocó el fallo de primera instancia luego de advertir la debilidad de los testimonios
de los desmovilizados sobre los cuales se fundó la condena. Señaló que
lo único que estos probaban es que los líderes indígenas habían asistido a un par
de reuniones organizadas por grupos subversivos, pero que de tal hecho no
podía deducirse su participación dentro de la organización insurgente, máxime
si se tiene en cuenta que el grupo guerrillero hacía presencia masiva en el sector
en el que está ubicado el resguardo al cual pertenecen los indígenas acusados,
por lo cual no resultaría extraño considerar que estos pudieron haber sido presionados
para asistir a tales reuniones.
En el caso de la rebelión es claro que el riesgo para el ejercicio de la libertad
de expresión se deriva del uso abusivo de este tipo penal por parte de ciertos
operadores jurídicos. En estos casos los prejuicios de los investigadores frente a
los activistas sociales y defensores de derechos humanos favorecen la criminalización
de aquellos que ejercen sus derechos a la manifestación política por vías
legales.
36 Human Rigths First, Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento. Presos
y señalados en Colombia, 2009, p. 8, en www.humanrightsfirst.org/pdf/090211-HRD-colombia
-esp.pdf.
37 Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal de Decisión, fallo del 24/9/2009, MP Héc-
tor Salas Mejía.
68 – RODRIGO UPRIMNY Y LUZ MARÍA SÁNCHEZ DUQUE