Protesta-social

Aprendan a ser democráticos, aprendan a cumplir la ley, aprendan a ser estudiantes,
profesores, directores universitarios, así no se debate en la academia”.
Estos ejemplos ilustran cómo desde las más altas esferas del Estado ecuatoriano
se ha creado un ambiente de intimidación que inhibe la expresión de
ideas disidentes. El total desprecio del derecho a expresar ideas a través de
demostraciones pacíficas, particularmente cuando esas ideas provienen de grupos
minoritarios o de grupos opositores del gobierno, es evidente en las declaraciones
del Presidente.
A manera de conclusión, puede señalarse que el derecho a la protesta pacífica
no es un derecho que se encuentre auténticamente garantizado en Ecuador.
Este derecho es vulnerado por la existencia de tipos penales que tienen por efecto
restringir las manifestaciones pacíficas; por el abuso de las facultades órganos
jurisdiccionales con el fin de sancionar la protesta social a través de tipos
penales a todas luces desproporcionados; por el uso inadecuado de la facultad
de los asambleístas de otorgar amnistías a quienes han sido perseguidos por
delitos políticos; por la falta de sanción a los abusos cometidos por la fuerza
pública en el marco de protestas; por la forma en que se ha permitido a la fuerza
pública impedir y prohibir que se realicen manifestaciones, inclusive pacíficas
y por el uso continuo de amenazas vertidas desde el Poder Ejecutivo contra
quienes ejercen su derecho a realizar manifestaciones.
El Estado ecuatoriano se encuentra en deuda con las personas que han sido
excluidas de manera sistemática del debate público. Es imperativo que se implementen
las medidas necesarias para garantizar efectivamente el derecho a la
protesta social como ejercicio de la libertad de expresión y como condición
indispensable para la democracia. Para ello, resulta necesario que el Estado
modifique su legislación con miras a asegurar que las normas penales se ajusten
a los estándares interamericanos de libertad de expresión, estableciendo de
manera precisa y razonable los criterios necesarios para poder aplicar legítimamente
el derecho penal contra personas que hacen uso de su derecho a la protesta
pacífica. Se necesita, además, que se establezcan sanciones contra las autoridades
públicas, incluyendo los integrantes del poder judicial, que utilicen
arbitrariamente el poder penal para sancionar la expresión disidente. El Estado
debe reconocer que “la criminalización de la legítima movilización y protesta
social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la iniciación
de procesos judiciales, es incompatible con una sociedad democrática
donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión” 77 . Por ello, debe
adoptar todas las medidas necesarias no sólo para abstenerse de interferir con el
ejercicio de este derecho, sino también para asegurar su ejercicio efectivo 78 .
77 CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, 30/12/2009, párr. 176. Véase
también CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
en las Américas. 7/3/2006, párr. 217.
78 CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. 30/12/2009, párr. 118. Informe
sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas.
7/3/2006, párr. 55. Véase también CIDH, Observaciones preliminares de la visita a Honduras,
21/8/2009.
ECUADOR – 143