Protesta-social

público, aunque quienes los enfrentan los combaten caracterizándolos como delictivos.
Hay que distinguir, pues, los actos políticos de protesta, en ejercicio del derecho
de resistencia, con diversos tipos de delitos comunes. En suma, los actos de resistencia
de la comunidad son actos esencialmente de interés público, es decir políticos,
cuya finalidad es el bienestar del colectivo que se rebela, sin espacio para la imputación
de delitos comunes” 56 .
Lamentablemente, el informe favorable para la Amnistía emitido por la
Mesa de Legislación y Fiscalización en varios casos omite información precisa
sobre el contexto, las personas denunciadas o denunciantes, los números de
expediente en las instancias judiciales, el estado del proceso o el delito imputado
lo que vuelve imposible el análisis de todos los casos beneficiados. No obstante,
a continuación se hará referencia a algunos de los casos más relevantes
beneficiados con la amnistía de 22 de julio de 2008, en tanto permiten comprender
la magnitud de las vulneraciones al derecho de protesta pacífica en
Ecuador.
Entre los casos beneficiados de esta segunda amnistía está el de las comunidades
de Saraguro. Conforme al informe favorable para la amnistía, el conflicto
inició los primeros días de noviembre de 2006 cuando unos 150 indígenas
de varias comunidades de Saraguro realizaron una protesta pacífica contra la
policía, dado que ésta había detenido a tres jóvenes indígenas por supuestos
escándalos en la vía pública. Los protestantes señalaban que en la riña habían
participado indígenas y no indígenas, pero únicamente los indígenas habían sido
detenidos. Los jóvenes fueron liberados luego de una conversación con el Comisario
y la policía en la que los protestantes afirmaron que aplicarán la justicia
indígena, pero acto seguido el Comandante Provincial de la Policía de Loja inició
una denuncia contra dos líderes de la comunidad acusándolos del delito de
rebelión en contra de la policía. El juicio se encontraba ante la Sala de lo Penal
de la Corte Superior de Justicia cuando se otorgó la amnistía.
También se benefició de una amnistía el caso de los pobladores de Taracoa,
en el cantón Francisco de Orellana. Los hechos ocurrieron el 12 de julio de 2007
cuando los miembros de la Red de Líderes Ángel Shingre y otras veinte personas
de la parroquia hicieron una toma simbólica de la junta parroquial, pidiendo la
renuncia de su presidente, quien habría incumplido los compromisos con la
parroquia. Como retaliación, el presidente de la junta parroquial inició en su
contra una denuncia por los delitos de sustracción y destrucción de bienes públicos.
La denuncia fue desestimada al llegar a un acuerdo con las comunidades.
Sin embargo, el Fiscal de Orellana continuó tramitando la causa y pidió orden
de prisión contra los denunciados, sin haber siquiera pedido que rindan sus
declaraciones. El proceso se encontraba en etapa de indagación previa cuando
fue beneficiado de la amnistía.
La amnistía también benefició a quince personas procesadas por el delito de
cierre de vías públicas en el marco del levantamiento nacional contra la minería
de 27 de junio de 2007 y a otras 17 personas denunciadas por el mismo delito en
56 Ibídem.
130 – DANIELA SALAZAR MARÍN