Protesta-social

MÉXICO
Miguel Rábago Dorbecker
La criminalización de la protesta social como forma de
restricción de la libertad de expresión en México:
movimientos sociales en el centro de la llamada
“lucha contra la delincuencia organizada”
“Manifestaciones públicas, huelgas, boicots de consumidores, desobediencia civil y
otras formas de acción directa (a menudo ilegales) son parte integral de los movimientos
antihegemónicos que al mismo tiempo usan caminos institucionales como
el litigio y el cabildeo” 1 .
I. Características generales del sistema jurídico mexicano en materia de libertad
de expresión y tendencias hacia la criminalización de la protesta social
I. A. Breve contexto sociopolítico
Para comprender la reciente escalada de la conflictividad social y, por ende,
del uso selectivo del derecho penal para sofocar a la protesta social, primero
hay que contextualizar la actual realidad mexicana. Inmersa en un incipiente y
muy insatisfactorio proceso de transición política de un régimen autoritario de
dominación electoral del Partido Revolucionario Institucional, la sociedad
mexicana ha optado en un primer momento por el robustecimiento del sistema
electoral y una activa participación en él, como centro del cambio político. Sin
embargo, el sistema de administración de justicia ha sido relegado a un término
mucho menos importante que las reformas estructurales en materia electoral
y de liberalización de la economía. El sistema jurídico ha sufrido grandes
modificaciones para garantizar una mayor competencia en el sistema de partidos
y para adaptarse a un proyecto económico en el que lentamente se ha desmantelado
la intervención directa del Estado en ella, además de disminuir su
capacidad regulatoria.
Las reformas más importantes al sistema jurídico mexicano que afectan la
relación entre derecho a la libertad de expresión y sistema penal fueron dos principalmente:
la reforma de 1994 al Poder Judicial de la Federación y la reforma
constitucional en materia penal de 2008. Las realidades en las que se dan ambos
sucesos son distintas, en 1994 se quería fortalecer la independencia del Poder
Judicial Federal en general, pero especialmente a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. En este sentido, se trataba de contar con un árbitro imparcial para
dirimir disputas políticas entre los diversos poderes del Estado mexicano, sobre
todo entre el Legislativo y el Ejecutivo. De tal manera, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación se erigía como el mediador de las disputas ocasionadas por el
lento asenso de los partidos políticos de oposición, en controlar alcaldías impor-
1 De Sousa Santos, Boaventura y Rodríguez Garavito, César, “El derecho, la política
y lo subalterno en la globalización contrahegemónica”, en El derecho y la globalización
desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita, UAM-Antropos, Barcelona, 2007, p. 19.
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