Protesta-social

go Penal de 1980 –que lo contempló por primera vez–, con la definición contenida
en el Estatuto Antiterrorista –que es la definición vigente–, se advertirá que
la primera resulta un poco más afortunada en términos de técnica legislativa. El
Código Penal de 1980 tipificó así el delito: “Artículo 187. Terrorismo. El que con
el fin de crear o mantener un ambiente de zozobra, o de perturbar el orden
público, emplee contra personas o bienes, medios de destrucción colectiva, incurrirá
en prisión de diez (10) a veinte (20) años, sin perjuicio de la pena que
corresponda por los demás delitos que se ocasionen con este hecho”. El decreto
180 de 1988 sustituyó la noción de “medios de destrucción colectiva” por la más
amplia de “medios capaces de causar estragos”, y en vez de referirse al empleo
de tales medios contra personas o bienes, se refirió a actos “que pongan en peligro
la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o
medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o
fuerzas motrices”. El tipo penal contenido en el decreto 180 de 1998 decía: “El
que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un
sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física
o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte,
procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices valiéndose de
medios capaces de causar estragos incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20)
años y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos mensual, sin perjuicio
de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con este
hecho”. El Código Penal vigente (ley 599 de 2000) reproduce en su artículo 343
la anterior descripción típica. La única diferencia es en el monto de la pena que
ahora es mayor: prisión de 160 a 270 meses (aprox. de 13 a 22 años) y multa de
1333,33 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La Corte Constitucional se pronunció frente al alegado carácter abierto e
indeterminado de las disposiciones penales sobre el terrorismo. Pese a que reconoció
tal carácter, estimó que el mismo no implicaba la inconstitucionalidad de
dichas normas. Advirtió que en virtud de la constitucionalización del derecho
que operó a partir de la Constitución de 1991, los tipos penales abiertos no pueden
ser catalogados per se como inconstitucionales pues la determinación de su
contenido por parte de los operadores jurídicos debe realizarse de conformidad
con las normas de la Constitución. De acuerdo con esto, para la Corte “la falta
de técnica legislativa que eventualmente pueda afectar el debido proceso (…)
puede y debe ser subsanada por el operador jurídico en cada caso concreto. Así
pues, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia, se exigirá de
parte del juez una mayor razonabilidad al momento de pronunciarse de
fondo” 22 . Pero la Corte Constitucional no sólo consideró que los tipos penales
abiertos eran admisibles, sino que incluso señaló que para cierto tipo de delitos
–como el terrorismo– el uso de tales tipos era lo adecuado:
“Frente a delitos ‘estáticos’ o tradicionales, deben consagrarse tipos penales cerrados.
Pero frente a delitos ‘dinámicos’ o fruto de las nuevas y sofisticadas organizaciones
y medios delincuenciales, deben consagrarse tipos penales abiertos (…) Así pues, el
22 Corte Constitucional, Sentencia C-127 de 1993, MP Alejandro Martínez Caballero.
COLOMBIA – 59