Protesta-social

2006, lo condenaron a 16 años de prisión por considerarlo autor del delito de
violación tipificado en los artículos 512 y 513 del Código Penal. Al momento de
la amnistía el señor Villalta llevaba dos años privado de su libertad, la sentencia
del Tribunal Cuarto de lo Penal había sido confirmada por la Corte Suprema de
Justicia y se encontraba pendiente un recurso de casación.
La Asamblea Constituyente consideró que el juicio por violación se había
tratado de una persecución en contra de Villalta, debido a su activismo social y
ambiental. Sin embargo, transcurridos siete meses de emitida la resolución de
amnistía, el presidente del Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha se negó a
cumplir lo ordenado por la Asamblea Constituyente 38 , aduciendo que esta última
no dirigió dicha amnistía directa y expresamente al recurrente, y afirmando,
además, que el caso se encontraba sentenciado por el Tribunal y confirmado por
la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, argumentó que la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha había rechazado por improcedente una acción de hábeas
corpus propuesta por Floresmilo Villalta, y que por tanto, el Tribunal Penal
Cuarto no tenía competencia para pronunciarse sobre un asunto ya resuelto por
el superior. En virtud de lo anterior, se abstuvo de ordenar su libertad. Como
consecuencia, se presentó ante la Corte Constitucional una Acción de Incumplimiento,
solicitando que se disponga que el presidente del Tribunal Cuarto de lo
Penal de Pichincha ordene la inmediata libertad del señor Villalta en cumplimiento
de la amnistía.
La Corte Constitucional observó:
“La Asamblea Nacional Constituyente, de forma inequívoca identificó: el sujeto, el
objeto y el proceso penal relacionado al accionante, y después de un análisis del proceso
penal invocado ha detectado irregularidades, considerando que es un ciudadano
que ha ejercido su derecho a la resistencia y ha realizado oposición a la acción
devastadora de los Recursos Forestales del Estado por más de una década, incluso
siendo incriminado en varios delitos comunes. (…) Si la Asamblea Constituyente del
2008 fue de plenos poderes, es fácil colegir que los Mandatos Constituyentes dictados
por dicha Asamblea ocupan un lugar privilegiado en la jerarquía normativa ecuatoriana.
De esta manera, el contenido de la Amnistía (…) tiene el carácter de vinculante
y posee superioridad jerárquica ante los poderes constituidos. (…) Al emanarse
la Amnistía No. 4 denominada ‘Derechos Humanos Criminalizados’ conforme el
Mandato No. 1, se convierte en norma constitutiva del sistema jurídico ecuatoriano
y tampoco puede ser susceptible de impugnación alguna por ningún poder constituido,
sino tan solo susceptible de aplicación, cotejándolo con el listado de beneficiarios
de la misma” 39 .
A la luz de este análisis, la Corte Constitucional aceptó la acción por incumplimiento
y dispuso que el Presidente del Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha
cumpla con los términos de la amnistía. La decisión de la Corte Constitu-
38 Corresponde mencionar que este no es el único caso en el cual operadores de justicia
se han negado a cerrar las causas judiciales contra individuos beneficiados por la amnistía.
39 Corte Constitucional, Ecuador, Sentencia n° 0004-09-SAN-CC, caso n° 0001-08-AN.
Acción por Incumplimiento, 24/9/2009.
ECUADOR – 123