Protesta-social

La mayoría de los involucrados tiene aún la investigación o el proceso penal
en trámite. En efecto, en esa condición jurídica se encuentran 497 personas
(8,5%), al tiempo que 48 fueron absueltos o sus casos archivados, y 19, condenadas
(3,3%).
Condenados por criminalización de la protesta en el Perú*
Delitos Pena impuesta Cumplimiento
Perturbación al funcionamiento de servicios públicos
3 3-4 años Ejecución suspendida
Perturbación al funcionamiento de servicios públicos
y disturbios 11 3 años Ejecución suspendida
Disturbios y secuestros 3 10 años Efectiva
Lesiones graves 1 4 años Efectiva
Tenencia ilegal de armas 1 5 años Efectiva
*Elaboración propia. Fuente: Asociación Pro Derechos Humanos. Base de datos del Área de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Ahora bien, de la información pública cotejada y la documentación jurídica
a la que se tuvo alcance, fluye que en estos casos la mayoría de los operadores
jurídicos peruanos: a) discute el tema a nivel probatorio 56 , sea para promover la
acción penal o dictar el auto de apertura de instrucción (o disposición de formalización
de la investigación preparatoria, tratándose de quienes actúan conforme
a las reglas del Nuevo Código Procesal Penal) así como para presentar
acusación y decidir el litigio, renunciando a adelantar desde la dogmática penal
el análisis sobre la posible concurrencia de una causa de justificación por ejercicio
regular de un derecho (derecho de petición o derecho de reunión), o de un
supuesto de justificación por estado de necesidad (quien protesta –y por ejemplo
ocasiona la perturbación del tránsito vehicular– actúa compelido por la pobreza,
porque su petición no es escuchada por los autoridades o porque no se le
atiende razonablemente); y, b) invoca regularmente la presunta concurrencia de
dos o más tipos penales en el comportamiento típico atribuido, de tal suerte que
al clásico delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos o al
de disturbios le suman otro u otros, escogido o escogidos entre la amplia y variopinta
gama que prevé el Código Penal, que el agente –se dice– habría perpetrado
en el desarrollo de la protesta.
Entre otros procesos, podemos mencionar los siguientes:
Caso Rondas de Parcoy. En marzo de 2004, la Federación de Rondas Campesinas
del distrito de Parcoy convocó a la presidenta del directorio del consorcio
Minero Horizonte SA a una reunión “para tratar la Agenda de reclamos” de
56 Entre otras, Trigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, Sentencia de 5 de noviembre de
2009, recaída en el Expediente Nº 384-08.
202 – RONALD GAMARRA HERRERA