Protesta-social

El 20 de junio de 2006, el Comité de Derechos Humanos de Orellana denunció
ante la Fiscalía la detención de Wilman Jiménez. La Fiscalía designó a dos
peritos para que efectuaran la diligencia de reconocimiento médico legal; sin
embargo, las autoridades de la Brigada de Selva 19 Napo impidieron el ingreso
a los peritos y el examen médico no se pudo realizar.
El mismo 20 de junio de 2006, el juez segundo de lo Penal de la Cuarta Zona
Militar inició un Auto Cabeza de Proceso en contra de Wilman Jiménez, acusándolo
de haber ingresado a una zona de seguridad, en consideración de que el
decreto de emergencia 1368 de 23 de mayo de 2006 había declarado zona de
seguridad todos los campos petroleros ubicados en las provincias de Napo, Orellana
y Sucumbíos. En la misma diligencia, se dictó una orden de prisión preventiva
en contra de Wilman Jiménez, quien se encontraba detenido en el Centro
de Detención Militar n° 4 ubicado en el interior del Fuerte Militar Amazonas.
El 29 de junio de 2006 la defensa de Wilman Jiménez solicitó al juez de lo
Penal de Napo que aboque conocimiento de la causa y ordene al juez militar que
se inhiba de continuar conociendo del caso por falta de jurisdicción respecto de
civiles. El 12 de septiembre de 2006, el juez de la causa penal militar decidió
ceder la competencia al juez tercero de lo Penal del Napo, quien el 25 de septiembre,
dispuso el archivo del juicio de competencia y remitió el expediente a
la fiscalía de Orellana. El 29 de septiembre de 2006 el agente fiscal avocó conocimiento
de la causa y continuó la indagación previa, pero dejando constancia
de que “efectivamente, en aplicación a lo dispuesto en la Ley de Seguridad
Nacional, el juzgamiento de esta presunta infracción es de competencia penal
militar”.
El juicio por los delitos de sabotaje y terrorismo en contra de Wilman Jiménez
continuó abierto sin mayores avances en la investigación, puesto que no
existían indicios suficientes para imputarlo como autor de tales delitos. Y es que
incluso del peritaje policial efectuado el 20 de abril de 2007 se desprende que la
detención de Wilman Jiménez se produjo aproximadamente a 100 metros de la
garita de los guardias que vigilan la estación, y no dentro de la estación como
había sido alegado. El proceso concluyó el 23 de abril de 2008 cuando el Juzgado
Tercero de lo Penal de Napo declaró la extinción de la acción penal en virtud
de que la indagación previa en contra de Wilman Jiménez se encontraba inmersa
dentro de los hechos que motivaron la amnistía emitida por la Asamblea
Constituyente el 14 de marzo de 2008.
Si bien con posterioridad a la declaratoria de Amnistía la organización
INREDH presentó una denuncia ante el Ministerio de Defensa Nacional amparada
en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Legislación Ejecutivo,
los abusos cometidos por la fuerza pública en contra del defensor Wilman
Jiménez continúan en la impunidad. En el proceso que fue archivado
constan los informes médicos de demuestran la magnitud de las heridas de Wilman
Jiménez, además de otros abusos de los que fue víctima durante su ilegal
detención por 17 días y el proceso iniciado en su contra por la justicia penal militar.
Así, aun cuando Wilman Jiménez recuperó su libertad –y ya no estaba siendo
procesado–, los funcionarios que participaron en la violación de sus derechos
no fueron sancionados, y el Estado no le reparó el daño ocasionado.
Como se señaló anteriormente, este caso es sólo un ejemplo de muchos
116 – DANIELA SALAZAR MARÍN