Protesta-social

“En este marco de protesta y oposición de las comunidades a la ejecución de los proyectos
[extractivos e hidroeléctricos], las empresas (con apoyo de representantes del
Estado), han utilizado una serie de mecanismos para deslegitimar y acallar a las
comunidades y personas oponentes, desatando o profundizando la inestabilidad y la
conflictividad social. (…) Se han soslayado sus reclamos, (…) éstos han sido considerados
‘actos delictivos que deben ser reprimidos con todo el rigor de la ley’. (…)
Para eliminar o neutralizar la resistencia, en muchos casos, se han diseñado y ejecutado
una serie de acciones tácticas o concretas, [tales como] la criminalización de la
protesta mediante la presentación de denuncias y acciones legales en contra de dirigentes,
líderes y pobladores. (…) El hostigamiento por medio de demandas administrativas
y denuncias penales, pretende encarcelar inmediatamente a líderes y pobladores
que presentan la mayor resistencia, tienen liderazgo y gozan de legitimidad en
las comunidades o a activistas ambientales, utilizando la figura del delito flagrante,
de la institución de la orden judicial, de la prisión preventiva y de la perversa identificación
entre los hechos políticos de resistencia con delitos tipificados en el Código
Penal. [Se] ha recibido denuncias que señalan la persecución y hostigamiento de
defensoras y defensores a través de la iniciación sucesiva de procedimientos judiciales
que meses después son sobreseídos por no encontrar responsabilidad de las personas
procesadas en los hechos investigados. No obstante dichos sobreseimientos,
nuevas investigaciones –en la mayoría de los casos con pruebas distintas pero relativas
a acusaciones similares– son abiertas y, como consecuencia, se ordenan nuevas
detenciones o restricciones judiciales. La Comisión ha recibido denuncias de varios
casos de la apertura y sobreseimiento de estas acusaciones penales contra una
misma persona, así como de la apertura y sobreseimiento sucesivo de investigaciones
respecto de varios líderes de una misma organización o reivindicación. (…) Se
trata entonces de denuncias y acusaciones presentadas con el fin de detener arbitrariamente
y privar de la libertad, de manera provisional o definitiva, a personas que
ejercen su derecho a la protesta e intentan proteger el ambiente y el patrimonio
público 7 .
Un estudio de distintos casos de criminalización de la protesta en Ecuador
permite ver que, en la mayoría de los casos, las denuncias que se presentan contra
los manifestantes son completamente infundadas y, en otros, se pretende que
hechos menores sean sancionados aplicando normas que tipifican delitos tan
graves como el terrorismo, el separatismo y el sabotaje. Esto ha generado que la
vasta mayoría de los procesos penales iniciados contra quienes ejercen su legítimo
derecho a movilizarse, se queden estancados en las etapas iniciales de investigación
ante la fiscalía, sin que las cortes y tribunales de última instancia hayan
tenido la posibilidad de revisar estas decisiones y emitir jurisprudencia más adecuada
que pueda constituir una guía sobre los criterios que los órganos judiciales
deberían aplicar al momento de analizar acusaciones penales relacionadas
con manifestaciones públicas.
reestructurar el régimen de instituciones públicas. Se instaló el 30 de noviembre de 2007 en
Montecristi, provincia de Manabí y finalizó su labor la noche del 24/7/2008.
7 Asamblea Constituyente. Mesa de Legislación y Fiscalización. Informe favorable para
conceder amnistía a las personas acusadas de varios delitos vinculados con la protesta y movilización.
Montecristi, 11/3/2008.
ECUADOR – 103