Protesta-social

En quinto lugar, si bien entre marzo y julio de 2008 se otorgaron amnistías
en virtud de las cuales se extinguieron cientos de procesos penales en los que se
había criminalizado el derecho a la protesta, y a pesar de que la concesión de
estas amnistías constituye un reconocimiento del Estado de que se abusó del
derecho penal con miras a perseguir a personas que ejercieron legítimamente su
derecho a la protesta, el uso de amnistías para corregir estos abusos resulta inadecuado
por distintas razones. Ante todo, resulta inadecuado porque los casos
de criminalización de la protesta constituyen potenciales casos de violaciones a
los derechos humanos. El Estado tiene la oportunidad de corregir, a través de
decisiones judiciales, los abusos del derecho penal que se hayan cometido por
parte de los jueces de instancia. Pero si, luego de agotar las distintas instancias
judiciales, las personas que son víctimas de criminalización de sus derechos no
han logrado que el Estado garantice su derecho a la protesta pacífica, esas personas
deben poder acudir a instancias internacionales con el objeto de demandar
que el Estado cumpla con sus obligaciones de derechos humanos. Sin
embargo, las amnistías han privado a las víctimas de obtener una decisión que
permita individualizar y sancionar a los responsables, lo que resulta incompatible
con las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención
Americana y el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 del
mismo instrumento 62 .
Más aún, las amnistías suponen el perdón o el olvido de los delitos, no obstante,
en la mayoría de casos de criminalización de la protesta los delitos ni
siquiera existieron, por lo que no cabía “perdonarlos”. Lo que corresponde en
estos casos no es el olvido sino el reconocimiento de que es ilegítimo el uso del
derecho penal para sancionar ilícitos ocurridos en ocasión de una protesta cuando
ese uso no se restringe a los casos en los que sea estrictamente necesario aplicar
el derecho penal para satisfacer un interés público imperativo.
Incluso para quienes consideran que las amnistías constituyen un importante
instrumento de negociación política que los Estados se reservan para
alcanzar la paz en situaciones de conflicto, la forma específica en la que estas
amnistías fueron otorgadas también resulta inadecuada por varios motivos. En
primer lugar, resulta inadecuada porque las amnistías fueron concedidas de
manera general, con información muy vaga y muchas veces incompleta, sin que
se haya realizado un análisis caso a caso de los diferentes escenarios y una evaluación
de los distintos derechos en conflicto. Por ejemplo, las amnistías se otorgaron
sin que quede claro bajo qué requisitos es admisible tomarse un edificio
público, o cuándo es delito paralizar un servicio público o bajo qué circunstan-
62 La posición de la Comisión Interamericana con respecto a las leyes de amnistía puede
ser consultada en sus informes con respecto a los siguientes casos: Informe 26/92, Masacre Las
Hojas (El Salvador); Informe 28/92 (Argentina); Informe 29/92 (Uruguay); Informe 34/96
(Chile); Informe 36/96, Héctor Marcial Garay Hermosilla y otros (Chile); Informe 25/98, Mauricio
Eduardo Jonquera Encina y otros (Chile); Informe 1/99, Lucio Parada Cea y otros (El Salvador);
Informe 133/99, Carmelo Soria Espinoza (Chile); Informe 136/99, Ignacio Ellacuría y
otros (El Salvador); Informe 37/99, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdamez (El Salvador);
Informe 61/01, Samuel Alfonso Catalán Lincoleo (Chile); Informe 28/00, Barrios Altos (Perú);
Informe 30/05, Luis Alfredo Almonacid (Chile). Véase también la posición de la Corte Interamericana
al respecto en su sentencia del caso Barrios Altos (Perú).
138 – DANIELA SALAZAR MARÍN