Protesta-social

En apenas cinco días, el fiscal emitió una instrucción fiscal acusándolos del
delito de interrupción de comunicaciones, establecido en el artículo 422 del Código
Penal. No obstante, en su informe a la nación de 15 de enero de 2008, el
mismo Presidente de la República solicitó a la Asamblea Constituyente una
amnistía a favor de los trabajadores procesados. La amnistía fue concedida por
la Asamblea Constituyente en consideración de que “los trabajadores tercerizados
de la Empresa Nacional de Correos que se movilizaron para demandar el
respeto a sus derechos de estabilidad y libre organización, [habían] sido injustamente
despedidos de sus puestos de trabajo, enjuiciados y privados de su libertad
cinco de ellos; [así como también en consideración de que] las acciones de
movilización y reclamo de los trabajadores son de naturaleza política y de reivindicación
social que no se adecuan a delitos comunes” 41 .
III. E. Manifestaciones en Dayuma
Dayuma es una parroquia rural de la Amazonía fuertemente afectada por la
contaminación ambiental producida por la extracción de hidrocarburos. Luego
de movilizaciones realizadas en el año 2005, el gobierno se comprometió a proveer
a la población de servicios básicos y a construir vías adecuadas de acceso.
Dos años después, la situación de la parroquia continuaba con total desatención
por parte de las autoridades, por lo que en noviembre de 2007 la población llevó
a cabo un paro para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos 42 .
Así, el 26 de noviembre de 2007, los pobladores determinaron cerrar la Vía Auca,
que conduce al pozo petrolero con el mismo nombre. El cierre de esta vía, en
determinado momento, provocó que no llegue al pozo el diesel necesario para su
funcionamiento.
El cierre de la vía fue considerado como un atentado contra las instalaciones
petroleras y sirvió como pretexto para que el gobierno, bajo el argumento de
“grave conmoción interna”, decrete el Estado de emergencia, militarice la zona,
y active la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles, de conformidad con el
artículo 145 de la Ley de Seguridad Nacional entonces vigente 43 . Así, “la respuesta
del Estado fue la de decretar el Estado de Emergencia en la provincia
entera, movilizar a las fuerzas militares para reprimir a la comunidad, utilizar al
41 Asamblea Constituyente. Amnistía n° 5: Correos. 14/3/2008, disponible en //constituyente.asambleanacional.gov.ec/documentos/resolucion_amnistia_correos.pdf.
42 INREDH, CEDHU y Acción Ecológica, Informe sobre la situación de los defensores y las
defensoras de derechos humanos en el Ecuador, mayo de 2009, presentado a la Unidad de Defensores
de Derechos Humanos de la CIDH.
43 Entre los considerandos del decreto de emergencia n° 777 del 29/11/2009, el Presidente
de la República ya anunció que se han cometido delitos de sabotaje “que a pesar de las múltiples
denuncias presentadas por las autoridades del Gobierno Central, ante los representantes
del Ministerio Público, y otros entes responsables del control ciudadano con asiento en la provincia
de Orellana, para que se investigue y sancione de conformidad con la Ley Penal, los delitos
de sabotaje cometidos en contra de la infraestructura de la industria petrolera y su personal
de operadores en la citada provincia, no han tenido éxito y su indolencia ha dado lugar a una
vergonzosa impunidad”.
ECUADOR – 125