Protesta-social

es desórdenes de la falta y en otros es simple delito? Las personas del caso de
Temuco fueron también formalizada por las amenazas y por las lesiones, por lo
tanto, aquellas conductas típicas no pueden dar cuenta de la diferente calificación
jurídica que se le da a los desórdenes. Por lo que la diferencia está dada por
el arbitrio, en primer lugar, del fiscal que lleva la causa y en segundo por el juez
o jueza que resuelve el caso.
En este caso es una evidencia de la concretización de los riesgos que los
principios de derecho penal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en su artículo 9, quieren evitar. La decisión del Ministerio Público de utilizar
el artículo 269 en lugar del 415 implica condenas de distinta envergadura
para la imputada. No es la descripción típica la que muestra por cual delito hay
que formalizar sino que es la decisión del Ministerio Público. Por lo que un sistema
con incentivos en los lugares equivocados combinado con tipos abiertos
redunda en una condena más gravosa para una persona.
Todo lo expuesto muestra la necesidad de reformar la regulación del derecho
de protesta en Chile para hacerlo respetuoso de los derechos humanos y las
obligaciones internacionales adquiridas por el Estado en su conjunto.
CHILE – 99