Protesta-social

De acuerdo con la legislación ecuatoriana, la participación en una protesta
no es, en sí misma, un delito. No obstante, algunos tipos penales vigentes restringen
el ejercicio efectivo del derecho a la protesta. Uno de esos tipos penales
se encuentra en el artículo 246 del Código Penal ecuatoriano, que sanciona
con prisión de ocho días a tres meses al que se hubiere opuesto, por vías de
hecho, a la ejecución de obras públicas ordenadas por la autoridad competente.
El artículo 247 del mismo Código sanciona con prisión de tres meses a dos
años los casos en los que dicha oposición se hubiere realizado por medio de violencia
o amenazas, lo que permite concluir que el artículo 246 se aplica exclusivamente
para los casos en que la medida de hecho se realiza de manera pacífica.
La oposición a la ejecución de obras públicas en muchos casos se realiza para
proteger derechos de la población. En Ecuador ha sido una práctica común, y en
muchos casos necesaria, la oposición a obras públicas, particularmente cuando
se ejecutan sin respetar el derecho de las comunidades a ser consultadas o cuando
no se han llevado a cabo los estudios de impacto ambiental correspondientes.
La oposición pacífica a la ejecución de una obra pública, mientras no amenace la
vida o la integridad de las personas, no debería generar una sanción penal.
Tampoco se ajustan a los estándares del sistema interamericano de derechos
humanos los tipos penales que restringen la realización de manifestaciones
con penas de prisión y multas cuando dichas manifestaciones se llevan a cabo
sin un permiso previo. Por ejemplo, el artículo 153 del Código Penal sanciona
con prisión de uno a tres meses a quien “promoviere, dirigiere u organizare (…)
manifestaciones públicas en calles, plazas u otros lugares abiertos, siempre que
se realizaren sin permiso escrito de autoridad competente, en el que se determinen
el objeto de la reunión, el sitio, día y hora en que ha de verificarse”. La
norma establece también una pena de tres a seis meses de prisión cuando la
manifestación se hiciere en contra de la prohibición emanada de autoridad competente.
Por su parte, el inciso 9 del artículo 606 del mismo Código sanciona
hasta con prisión de dos a cuatro días a “los que formaren mitines o pobladas
para cualesquiera manifestaciones políticas, religiosas, etc., sin el correspondiente
permiso escrito de la policía”. Nótese que el Código requiere un permiso
y no únicamente una notificación a las autoridades, lo que implica que éstas
están facultadas a no emitir una autorización.
Al respecto, la CIDH ha destacado que la regulación del uso del espacio
público no puede comportar exigencias que restrinjan excesivamente el ejercicio
del derecho a la manifestación pacífica y su finalidad no puede ser la de crear
una base para que la reunión o la manifestación sea prohibida 11 . Por su parte,
la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha señalado:
11 Al respecto, véase: CIDH, Informe sobre la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos
Humanos en las Américas, 7/3/2006, párrs. 55-63. Véase también: CIDH, Democracia y
Derechos Humanos en Venezuela, 30/12/2009, párr. 142. En la misma línea, el Comité de Derechos
Humanos de la ONU ha señalado que el requisito de que se notifique a la policía antes de
realizar una manifestación pública no es incompatible con el art. 21 del Pacto, sin embargo,
encontró que el Estado de Finlandia era responsable de violaciones a los derechos humanos en
un caso en el cual la restricción a una manifestación no pudo justificarse en motivos de seguridad
nacional o seguridad pública, orden público, protección de la salud y la moral públicas o
los derechos y libertades de los demás. Véase: ONU, Comité de Derechos Humanos, Caso Kivenmaa
c. Finlandia, Decisión del 10 de junio de 1994, disponible en www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf,
Comunicación n° 412/1990, Finlandia, 10/6/1994. CCPR/C/50/D/412/1990.
106 – DANIELA SALAZAR MARÍN