En lo principal, opone excepción dilatoria de litispendencia; en el ...

ejecutivos de la época 12 , don Edgardo Fuenzalida por parte de UCTV y don Mario
Conca por parte de TVN, queda claramente establecido que el objeto de esa demanda
civil era la declaración de derechos que les permitieran cobrar por su señal. En esa
entrevista don Mario Conca respondiendo a la pregunta “¿Quieren que los indemnicen
por todo este tiempo en que no les han pagado?”, señaló:
“Ese tema es posterior. Si se reconoce ese derecho luego vendrán las
negociaciones que correspondan para llegar al precio justo”.
Por su parte, don Edgardo Fuenzalida afirmó:
“[Pregunta]: ¿Pero por qué justo ahora esto es un problema?
[Respuesta E. Fuenzalida]: Nuestro interés es que se reconozca el derecho sobre
el contenido, que es una propiedad intelectual. (...) El punto no es quién paga o
no paga, ese es un tema de segundo orden”.
Tal derecho no fue reconocido por la Sentencia Civil de la manera en que lo pretendía
UCTV. Si bien dicha sentencia reconoció la titularidad de UCTV sobre derechos de
propiedad intelectual, no le reconoció el derecho de cobrar por una señal abierta de
televisión ni de disponer sobre quién podía recibirla y, por sobre todo, no consideró en
caso alguno que tales derechos habían sido violentados por VTR La materia por lo
demás se encuentra pendiente de resolución definitiva por parte del un tribunal de
segunda instancia. Pero lo que sí resulta efectivo de las declaraciones del señor Conca es
que el reconocimiento de un derecho como el que pretende tener UCTV, con la
extensión que ésta busca darle, es un asunto que desde la perspectiva lógica es
necesariamente anterior a la resolución de un eventual problema sobre la disposición de
ese derecho y, consecuentemente, sobre la existencia de un supuesto abuso en tal
disposición. Y lo que también es efectivo es que, existiendo un Juicio Civil pendiente,
hasta la fecha no se ha declarado judicialmente a favor de UCTV –sino todo lo
contrario- la supuesta prerrogativa que ahora supone evidente y que es lógicamente
anterior a la posibilidad de que puedan existir las supuestas infracciones a la libre
competencia que imputa (Conf. capítulo VII de la Demanda, “Actos y conductas
ejecutadas por VTR contrarias a la libre competencia”).
En suma, lo que se concluye de lo anterior es que no podría este H. Tribunal definir la
existencia o no de un supuesto abuso en la conducta de VTR, sin que se dilucide, por vía
de sentencia de término, la extensión de la normativa de rango legal que daría o no tutela
a la conducta de VTR y la existencia y contenido de un contrato entre las partes. En este
caso, la atribución de derechos por vía del procedimiento civil resulta en un presupuesto
ineludible para la eventual determinación de la existencia de abuso. De allí que no podría
este H. Tribunal entrar al conocimiento de la Demanda de autos sin superponerse
necesariamente en la atribución de tales derechos con el tribunal civil competente, en
que la materia ya se encuentra radicada. Lo anterior exige de este H. Tribunal abstenerse
de conocer de la Demanda de autos, mientras la materia no se encuentre resuelta en sede
civil.
Se configura en el presente caso, por ello, una situación similar a aquella conocida por los
tribunales con competencia en lo criminal, denominada “cuestión civil previa”, regulada
12 “La última guerra de los canales de televisión”, entrevista aparecida en El Mercurio, de fecha 20 de julio de 2002.
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