En lo principal, opone excepción dilatoria de litispendencia; en el ...

fundamentos constitucionales. Los tiene en el artículo 19 N°12 de la Constitución
Política de la República (“CPR”), que garantiza la libertad de expresión. Y es explicable
el estrecho vínculo existente entre la garantía de la libertad de expresión y la regulación
que se efectúa de la televisión de libre recepción, porque la garantía del artículo 19 N°12
de la CPR, no sólo tutela el derecho individual de opinión y expresión; sino que, al
mismo tiempo, resguarda el derecho de la colectividad a recibir informaciones e ideas,
como así aparece con claridad de las actas que dan cuenta de la historia fidedigna de
tramitación de la CPR; de la opinión de la doctrina especializada y de la jurisprudencia de
nuestro Tribunal Constitucional 17 . La libertad de expresión debe ser especialmente
garantizada en su calidad de derecho de la comunidad entera de recibir las informaciones
que son el resultado de la expresión de las ideas 18 .
Por esta razón, cuando el Tribunal Constitucional ha debido conocer de posibles
modificaciones de la LGT, en cuanto ésta reglamenta la televisión de libre recepción, ha
fallado que “la esfera de acción de la ley cuyas modificaciones se analizan es de la más alta
trascendencia para el país tanto por el acceso igualitario a las telecomunicaciones de que deben gozar sus
habitantes, como por su íntima relación al involucrar en su contenido medios de comunicación social con
el derecho inalienable y fundamental contemplado en nuestra CPR en el N°12 del artículo 19”. (Rol
N° 176 de 1993).
Referirse a la regulación de la televisión abierta en Chile, entonces, supone antes que
nada establecer las razones por las que el Constituyente y el legislador decidieron
imponer a las entidades de libre difusión la función social de servir a la totalidad de la
población nacional, en forma universal, no discriminatoria y gratuita. Referirse a la
regulación de la televisión abierta es, asimismo, señalar cómo se atribuyó esta potestad
(privilegio-obligación) de manera especialmente relevante al Estado a través de TVN y a
las universidades como UCTV. Analizar un caso de libre competencia en el que en lo
sustancial se cuestiona si cabe o no remunerar las señales de la televisión abierta, cuando
éstas alcanzan de manera íntegra e inalterada a un número de usuarios, no puede
separarse de la adecuada comprensión del estatuto legal vigente que rige a las emisiones
de libre recepción, su lógica y sus fundamentos.
I.3. Actividad de VTR en relación a las señales de televisión abierta, como la de
UCTV.
VTR simplemente capta las señales de la televisión abierta desde el aire, sin alteración
alguna, y sirve de medio técnico (como lo hace una antena) para que los usuarios reciban
17 José Luis Cea incluso analiza la libertad de expresión desde una triple perspectiva: “la libertad de expresión carece
de sentido en donde no existe, con carácter previo, el libre acceso a las fuentes de la información, la libertad de
difundir la información y la homónima para ser receptor de ella. Es decir, la información con la triple dimensión
señalada, desempeña el papel de supuesto de la libertad de expresión”. Teoría de la Libertad de Expresión, en
Libertad de Expresión, Ética Periodística y Desinformación, Centro de Estudios de Prensa, 1988. En un sentido
similar se manifiestan Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, 1994. El Tribunal Constitucional, en su
fallo Rol Nº226, después de efectuar un largo análisis del contenido de las actas de la Comisión de Estudios de la
Nueva Constitución, confirmó que “aunque en la Constitución no aparece consagrado expresamente el derecho a
recibir información, éste forma parte natural y se encuentra implícito en la libertad de opinión e información”.
18 Así lo entendió la mencionada Comisión en el documento Proposiciones e Ideas Precisas, al afirmar que “hemos
estimado que en la garantía constitucional de que se trata hay dos bienes jurídicos en juego: uno de carácter
personal o individual, que es el derecho de emitir opinión y de informar, y otro de carácter social, que es el derecho a
recibir información, opiniones y expresiones que los demás quieren transmitir, derecho este último que corresponde
a la comunidad toda”. El Tribunal Constitucional ha señalado que este derecho a recibir información “tiene carácter
colectivo, porque son todos los integrantes de la comunidad nacional los interesados en que lleguen a ellos las
opiniones que se emitan sin censura previa, sin desvirtuarlas, sin discriminación, sin intervención arbitraria de la
autoridad, sin interferencia indebida, etc.”. Fallo Rol Nº226.
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