En lo principal, opone excepción dilatoria de litispendencia; en el ...

I.
Estatuto jurídico de la televisión abierta en Chile.
Como se ha señalado previamente, no resulta posible determinar la existencia o no de un
supuesto abuso en la conducta de VTR, sin previamente describir el estatuto jurídico que
rige las emisiones de los llamados canales abiertos o de libre recepción. Pues bien,
tenemos la plena convicción de que la conducta de VTR, por medio de la cual ésta recibe
las señales de UCTV desde el aire –o, en su caso, cuando ha sido a petición expresa de la
misma UCTV vía descodificadores de señales satelitales entregados por UCTV- y
permite que sus usuarios las reciban de manera simultánea e inalterada, es absolutamente
consistente con las finalidades más básicas del estatuto jurídico de la televisión abierta en
Chile. De allí que, mientras el legislador mantenga ese estatuto, lo cierto es que la
conducta de VTR seguirá siendo plenamente lícita y legítima, no pudiendo estar revestida
de ninguna antijuridicidad.
I.1. La televisión abierta en Chile. Su regulación constitucional y legal. Su función
y obligaciones legales principales.
Las empresas de televisión abierta, y entre ellas muy especialmente UCTV, se encuentran
sujetas al deber legal de prestar sus servicios de manera universal, no discriminatoria y
gratuita en favor de la totalidad de la población nacional.
Ello no es casualidad. Ya las primeras leyes que regularon a la televisión abierta (Decreto
N°7.039 de 1958 y Ley N°17.377 de 1970) tuvieron especial cuidado en fijar este rol
social que a ellas cabía, concientes de la influencia que la televisión tiene en la población
nacional. Pero esta regulación nació, por sobre todo, del hecho que a empresas como
UCTV se les entregó gratuitamente en concesión, la utilización de bienes nacionales de
uso público (el espectro radioeléctrico), sin mediar concurso ni licitación, razón por la
cual debían responder a este privilegio, de enorme valor económico, permitiendo que el
conjunto de la población (propietaria del bien en cuestión y titular originaria de su uso)
gozara de la señal por ellos emitida, y financiándose por vía de publicidad. Finalmente,
actuó el legislador en la conciencia de la íntima relación que existe entre una adecuada
regulación de la televisión de libre recepción y la tutela de la garantía constitucional de la
libertad de expresión.
Estas mismas razones, justifican, hasta la fecha, la regulación de derecho público y orden
público que impone a las concesionarias de servicio de televisión de libre recepción el
suministro universal, no discriminatorio y gratuito de sus señales de televisión abierta en
favor del conjunto de la población nacional. Ello está en la esencia de la televisión
abierta.
Veamos cómo se recogen estos elementos en las leyes y otras reglamentaciones que a
esta fecha constituyen, definen y regulan el rol de la televisión abierta; entre otras, la Ley
N°18.168 General de Telecomunicaciones, de 1982 y sus modificaciones posteriores
(“LGT”); la Ley de Quórum Calificado N°18.838 que Crea el Consejo Nacional de
Televisión, de 1989 y sus modificaciones posteriores (“Ley de Televisión”); y la Ley
N°19.132 que crea la Empresa Televisión Nacional de Chile, de 1992 (“Ley de TVN”).
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