Masonería - Generalísimo Francisco Franco

manifiestos e impresos supuestos que se atribuyeron a los jesuitas; se compraron testigos,
se sobornó a la Justicia con ascensos y premios, y, aun así, poco o nada pudo
conseguirse, pues las pruebas se derrumbaban al primer contraste; pero, sin embargo, era
lo suficiente para arrancar al acobardado monarca el decreto real que se requería. Las
cartas supuestas, dirigidas a los jesuitas de Tucumán por su hermano el padre Rábago,
resultaron de una falsedad completa, así como las patrañas de que querían insubordinar a
las Misiones de Uruguay y Paraguay para formar una monarquía independiente.
Los triunfantes en el complot tuvieron todo en su mano para investigar sobre el
asunto. El haberse comisionado al conde de Aranda, masón e impío, a quien Voltaire
públicamente distinguió con su aprecio, el mando de Madrid, con poder militar y político
excepcionales, dejó en manos de la francmasonería medios inigualables para poder
demostrar el complot de que se acusaba a sus enemigos, caso de haber éste existido;
pero, lejos de esto, en lo que se ocupó fué en encubrir y tapar las infames maquinaciones
de la secta.
Que el duque de Alba fué quien, de acuerdo con la masonería, fraguó el complot, que
montó el motín y lo achacó a los jesuitas, está ya en la Historia sobradamente probado. Un
historiador que no nos es afecto, el protestante Cristóbal Mur, en el tomo IX, página 229,
de su Diario para la historia de la literatura, afirma “que el duque de Alba, en 1776, estando
para morir, declaró haber sido el autor del motín y de las patrañas contra los jesuitas”. Su
narración se basaba en el testimonio de testigos que en 1780, cuando esto escribía,
todavía vivían.
Que los ministros que engañaron a Carlos III eran enemigos de Dios y de la Iglesia es
cosa probada que el Papa Clemente XIII sostiene en su carta Tu quoque fili mi..., dirigida a
Carlos III. Que su ministro de Gracia y Justicia, Roda, era masón y perseguidor enconado
de la fe católica, se demuestra en su correspondencia con Choiseul, ministro de Luis XV,
en carta fechada en 17 de diciembre de 1767, en que le manifestaba: “Hemos matado al
hijo; ya no nos queda más que hacer otro tanto con la Madre, nuestra Santa Iglesia
Romana.’’
La expulsión de siete mil españoles beneméritos, arrojados bajo el peso de horrendas
calumnias de la Patria con sanción de Su Majestad Católica, de un modo inicuo e
inhumano, fué el atentado más grave que sufrió el prestigio de la fe católica en España y
en sus colonias, de donde se vió salir como malhechores a los que hasta entonces habían
constituido la más firme vanguardia de la fe. Los males que se derivarían de ello vamos a
recogerlos en el próximo siglo.