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Chile y su medio ambiente / GEO Juvenil Chile 125
La visión occidental del mundo ya se ha agotado, es momento de que todo el mundo valore
el saber ancestral de los pueblos originarios. El llamado es a estar en acción (Francisco
Varela), el desarrollo es espiritual humano, con identidad y autonomía. En Chile, y la Novena
Región en particular, se vulneran los derechos medioambientales y no se respetan los derechos
humanos fundamentales establecidos internacionalmente. Existen varios documentos al
respecto en Mapuexpress, Informativo Mapuche (www.mapuexpress.net). Se podría decir que
el modelo económico de Chile sigue siendo genocida. Conflictos ambientales Novena Región:
ducto Celco, plantas químicas cercanas a la ciudad, aeropuerto de Gorbea, los vertederos
sanitarios y las plantaciones forestales ubicadas en o cerca de las comunidades mapuches. Entretanto,
se sigue sin valorar la identidad y derechos de los pueblos originarios y su profunda
sabiduría sobre la armonía y la disciplina de la vida.
Ronny Alejandro Leiva Salamanca. Psicólogo, Agrupación Meli Newen, Corporación Unión Araucana
En Chile se impuso el modelo neoliberal en la década de los setenta, con la dictadura
militar. Entonces se inició el traspaso a manos privadas de la administración de
numerosas empresas estatales, por ejemplo, las de telecomunicaciones, energía y, más
actualmente, las empresas sanitarias. La periodista María Olivia Monckeberg afirma en
su libro El saqueo de los grupos económicos del Estado chileno (2002), que entre 1985 y
1989 el Estado de Chile se deshizo de treinta empresas, lo que significó una pérdida para
las arcas fiscales que se estimó en más de mil millones de dólares. Pero el cálculo quedó
corto: según el informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados de 2004,
que recalculó el daño fiscal, éste alcanzó los 2.209 millones de dólares, considerando la
enajenación de 32 empresas sólo entre 1985 y 1987. Entre otros antecedentes, el informe
parlamentario consideró la información proporcionada por la Contraloría General de la
República, organismo que constató que “gran parte de las empresas enajenadas fueron
vendidas a un precio de venta inferior a su valor libro”, estimando la merma de un
mínimo de 27% a un máximo de 69% del capital comprometido en cada empresa. Se trató,
simplemente, de una liquidación y un robo al patrimonio público (Monckeberg 2002).
En este contexto de progresivas privatizaciones, Chile experimentó grandes cambios.
Entre los principales están la implementación del actual sistema de pensiones, hoy en
pleno proceso de reforma por su ineficiencia, y el gran impulso que se le dio a la salud
privada, al reemplazar la solidaridad del sistema estatal por el individualismo de las
Isapres (Institutos de Salud Previsional). La privatización también alcanzó a la educación,
con consecuencias que serán analizadas más adelante.
En otras palabras, se destruyó todo lo que en cincuenta años —desde los gobiernos del
Frente Popular de fines de los años treinta, hasta el gobierno de la Unidad Popular en
los setenta— el pueblo chileno había construido. El Estado fue desmantelado, y con
ello se dio curso a una profunda crisis. La educación, la salud estatal, el transporte y
la energía quedaron sujetos a las leyes del mercado. Hoy en día, la educación y salud
pública se encuentran en situación de crisis permanente. Por faltas presupuestarias, la
calidad de sus prestaciones es muy inferior a la de las entidades privadas, accesibles sólo
para aquellos que pueden pagarlas. La salud y educación de los pobres son malas. En el
contexto neoliberal, el individuo se convierte en “cliente” de los servicios sociales, que
son postergados para beneficiar a los privados.
En medio de este contexto económico-social, asistimos a una cotidiana tragedia: las
tremendas riquezas naturales de nuestro país son hipotecadas hasta la extinción, ante la
indiferencia de las autoridades y sectores dominantes que administran el sistema.