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Chile y su medio ambiente / GEO Juvenil Chile 133
el día de hoy quedó gravemente deteriorada. Si antes, en los albores de la República y
luego con el modelo de desarrollo cepaliano, la educación de las masas era uno de los
objetivos centrales del Estado, el modelo económico que impuso Pinochet la dejó en
manos de los mercados.
A mediados de los ochenta, la educación pública se municipalizó, vale decir, pasó a
depender financiera y administrativamente de los gobiernos locales —los municipios—, ya
no del gobierno central a través del Ministerio de Educación. Junto con ello, en el marco
del sistema educacional apoyado por el Estado se implementó un sistema de subvenciones
a establecimientos particulares, administrados por los llamados “sostenedores” en
calidad de negocios más o menos lucrativos. Hubo marchas y protestas generales, que no
lograron torcer la mano de la dictadura. La consecuencia más clara de la municipalización
fue que cada municipio decidía, en el marco de su presupuesto, cuánto entregaba a la
educación de sus ciudadanos (obviamente, los municipios ricos podían entregar más que
los municipios pobres). El Ministerio devino en un ente de formulación de preceptos
mínimos de contenidos y no de fiscalización seria frente a los posibles errores, carencias
y desaciertos de los sostenedores municipales.
Con lo anterior, el sistema educacional chileno quedó constituido por tres subsistemas:
el privado, que se autofinancia; el municipalizado, que depende de fondos municipales;
y el subvencionado, de financiamiento mixto estatal y privado. La educación se ha
transformado así en uno de los negocios más rentables del país, puesto que la subvención
no significa que el Estado se haga cargo nuevamente de la educación de sus ciudadanos,
sino que entrega una cantidad de dinero a un privado para que, cobrando a su vez un
porcentaje a los padres, obtenga ganancias y “eduque” al individuo. El problema se hace
clara al saber que la prioridad del privado está en ese orden.
En cuanto al sistema de educación superior (universitaria y técnica), ya no existen
establecimientos gratuitos, como lo fue en el pasado la Universidad de Chile. Hoy todos
son pagados. Existen algunas becas entregadas por el gobierno a alumnos sobresalientes
y, para el resto que no puede subvencionar los altos aranceles de la mayor parte de
las carreras, un sistema de créditos bancarios que se supone deben comenzar a pagar
una vez obtenido el título profesional correspondiente. Esto es, se comienza la vida
profesional con una gran deuda.
En su último día de dictador, Pinochet creó una serie de leyes “de amarre” que
perpetuaban el statu quo de sus políticas administrativas. Una de esas leyes fue la LOCE
(Ley Orgánica Constitucional de Educación) que, entre otras cosas, ponía en primer
término el concepto de “libertad de educación”, hermoseado adjetivo para el lucro en
la educación, y trasladaba el deber de impartir la educación desde el Estado a la familia
(esto, visto de fondo, da como consecuencia que el Estado se deshace de su deber de
educador y deja al núcleo familiar esa responsabilidad).
Bajo los gobiernos democráticamente elegidos que siguieron a Pinochet, las cosas no
cambiaron. La educación superior en Chile es actualmente la más cara de América
Latina. Por ejemplo, el sueldo mínimo en Chile, con el cual sobrevive cerca del 70% de
las familias, es menor o igual a un arancel de una carrera universitaria; vale decir, educar
a un individuo tiene el mismo costo que alimentar a una familia entera.
Producto de la presión ejercida por las movilizaciones estudiantiles del año 2006, se creó
una comisión encargada del tema de la calidad de la educación; sin embargo, las bases
del movimiento estudiantil vieron con escepticismo la validez y utilidad de participar
en una instancia que no era resolutiva y que simplemente tenía un papel de asesoría al
Poder Ejecutivo. De hecho, el movimiento estudiantil finalmente se excluyó de participar,