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Cinco ejes
Es preciso identificar que la igualdad en el trabajo para la mujer debe ser tratada desde cinco ejes:
a)
b)
c)
La igualdad de oportunidades entraña el derecho de la mujer trabajadora a
solicitar un empleo, a ocupar una vacante, a ascender de puesto o categoría
laboral, a ser capacitada y adiestrada o a tener formación profesional, a formar
parte de un sindicato o de comisiones mixtas, a gozar de todas y cada una de
las prestaciones que en materia laboral y de seguridad social le son otorgadas
por derecho, a recibir apoyo para tener la posibilidad de atender a sus hijos
y seguir laborando sin tomar en cuenta el sexo, la edad, el estado civil y/o de
gestación, o las responsabilidades familiares; todo ello tiene fundamento legal
en los artículos 5 y 123, apartado A, fracción XXV, y apartado B, fracciones VII,
VIII y X, de la Constitución Federal.
La igualdad de trato o de condiciones de trabajo implica respetar la dignidad
de la persona, de acuerdo con su fundamento constitucional vertido en el artículo
123, apartado A, párrafo primero, y fracción V, y apartado B, fracciones I, II,
III y V. En ese sentido, la igualdad de trato significa que tanto las mujeres como
los hombres tienen derecho a trabajar y, por ende, a las mismas condiciones
laborales: jornadas, salarios, vacaciones y otros aplicables, sin importar situación
social, edad, estado civil, número de hijos ni otras condicionantes.
La igualdad de pago genera la obligación de remunerar con la misma cantidad
a los trabajadores y a las trabajadoras cuando desempeñen actividades similares,
bajo las mismas condiciones, laborando el mismo número de horas y
produciendo la misma cantidad y calidad de trabajo (Kurzyn, 2001: 38), según
lo establecen la fracción VII, del apartado A, y la fracción V, del apartado B del
artículo 123 Constitucional.
e)
Al referirse a la protección a la maternidad, debe describirse primeramente el
término maternidad como un hecho jurídico, relacionado con la reproducción
del ser humano, del cual surgen derechos y obligaciones. De tal forma que la
maternidad es un asunto de salud y se encuentra reglamentado en las legislaciones
tanto laborales como de seguridad social y de sanidad. La Ley General
de Salud, en su artículo 61, fracción I, la considera como “la función reproductiva
de la mujer que comprende la gestación y el embarazo”. Su fundamento
constitucional se encuentra primeramente en el artículo 4, párrafo segundo,
que habla de la decisión en el número y espaciamiento de los hijos, y en el artículo
123, apartado A, fracción V, y apartado B, fracción XI, inciso C; sin omitir
de forma reglamentaria la Ley Federal del Trabajo en su Título Quinto relativo al
Trabajo de las Mujeres; además del capítulo IV: Del Seguro de Enfermedades
y Maternidad de la Ley del Seguro Social, y la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado reglamentaria del apartado B Constitucional en su artículo
88, fracción V, y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) dentro de sus artículos 3, 39 y 40, así como
el Reglamento de Servicios Médicos del IMSS que prevé a la maternidad en la
fracción II del artículo 28 “como el estado fisiológico de la mujer, originado por
el proceso de la reproducción humana en relación con el embarazo, el parto,
el puerperio y la lactancia”. Esta protección se justifica, en primera instancia,
porque toda persona tiene derecho a la salud; en segundo término, porque la
ley protege la organización y el desarrollo de la familia, al ser ésta la base de la
sociedad; y, finalmente, porque la maternidad tiene una función social vital para
continuar y procurar la raza humana.
d)
En la no discriminación por sexo o género, el término discriminar se entiende
como la forma en que se altera o modifica la situación igualitaria entre las
personas, de ahí que la discriminación laboral se hace presente en cualquiera
de sus formas, ya sea de oportunidades, de trato o de pago. Esto se encuentra
en el artículo 4 Constitucional, el cual establece y garantiza la igualdad entre
géneros y sexos; los sustentos reglamentarios, respecto a las condiciones de
trabajo, se estipulan de manera contraria a lo que señala el artículo 3 en su
párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, que establece: “No podrán establecerse
distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad,
credo religioso, doctrina política o condición social”.
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