La vida como mercancía - Critical Information Collective

al precio de los bienes y servicios que
venden. Esto debilita a su vez su
soberanía y autodeterminación, dado
que dichas externalidades recaen
sobre las comunidades y el medio
ambiente.
Las desigualdades se agravan debido a
la falta de información suficiente y
precisa que permita a las comunidades
participar realmente en la toma de
decisiones. Muy pocos participantes
sabían cómo iban a ser distribuidos los
ingresos del proyecto derivados de la
venta de Certificados de Reducción de
Emisiones (CER) en el mercado del
carbono, y muchos no tenían
información alguna sobre este punto. O
bien no sabían, o bien preferían no
hablar del tema. Algunos incluso
declararon que ignoraban la existencia
de los CER.
Además, si bien los particulares
pueden participar en PROCUENCA y
manejar sus plantaciones en forma
autónoma, es indiscutible que están
limitados por las condiciones que
impone la venta de CER en el mercado
de carbono. Esto lleva a que el
proceso, los precios y los permisos
creen un alto grado de incertidumbre,
como señaló la FAO (que maneja la
administración financiera del proyecto).
Así, los participantes no saben si los
ingresos serán suficientes para
reembolsar los préstamos que tomaron
para poder participar en el proyecto.
Por otro lado, el proyecto
PROCUENCA obtuvo tierras y
comenzó a plantar árboles antes de
haber instruido a las comunidades
sobre su alcance, funciones,
implicaciones y exigencias, y sin
haberlas entrenado en aspectos
técnicos tales como el mantenimiento
de las plantaciones. En general, los
propietarios locales tienen un papel
muy incierto en la gestión del proyecto,
a pesar de que son los dueños tanto de
la tierra como de los CER.
Los pueblos indígenas que desean
participar en mecanismos de mercado
y piensan que pueden sacar provecho
de ellos se encuentran con que es
prácticamente imposible hacerlo. Para
vender servicios ambientales se
requiere un conocimiento burocrático y
jurídico que estos pueblos no poseen,
aparte de que quizás no tengan un
dominio suficiente del idioma oficial de
su país. La relación entre pobreza rural
y educación es lineal, y la mayoría de
los pueblos indígenas hablan su propio
idioma, lo cual los pone en situación de
gran desventaja. Otro problema es que
la gran mayoría de estos pueblos de
los bosques no están familiarizados
con las habilidades de marketing que
requiere la venta de “servicios
ambientales” como el secuestro de
CO 2 , sobre todo en mercados
complejos y a menudo turbulentos.
Estas desventajas hacen que las
comunidades tengan que depender de
intermediarios o consultores externos
para poder participar. El intermediario
puede ser una gran ONG
conservacionista. Si bien estas ONG
pueden tener intenciones loables, sería
peligroso convertir una organización
privada y generalmente extranjera en
instrumento formal para la
implementación de políticas públicas
nacionales tan importantes como las
referidas a la conservación justa de los
bosques. Aparte de no tener alcance y
capacidad suficientes para ayudar a
todas las comunidades y pueblos
indígenas de cualquier país de manera
equitativa, es raro que estas
organizaciones consideren los
derechos indígenas o el desarrollo
social nacional como parte fundamental
de su misión.
Las dificultades lingüísticas y técnicas
antes mencionadas son aún más
marcadas en el caso de las mujeres,
que constituyen la mayoría absoluta
(70%) de los pobres del mundo. Como
buena parte de su trabajo está
dedicado a tareas no remuneradas,
como el cuidado de los niños y las
actividades domésticas, y dado que
aún se las discrimina en los mercados
de trabajo del mundo entero, las
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