La vida como mercancía - Critical Information Collective

sobre la diversidad biológica e
importantes impactos sociales
negativos, cabe preguntarse
seriamente si es ésta una forma
sensata de utilizar los fondos públicos.
¿Subsidiando mercados o
comunidades
El ejemplo colombiano también revela
una tendencia más general: que casi
todos los mecanismos de conservación
basados en el mercado son el
resultado de un apoyo significativo de
fuera del mercado.
Los gobiernos donantes, los gobiernos
nacionales y varias grandes
organizaciones de conservación han
gastado millones de dólares durante la
última década para promover y
subsidiar mercados de madera
“sostenible”, proyectos de “eco”
turismo, compensaciones de carbono y
diversidad biológica y recursos
genéticos. En vista de las experiencias
reales descritas en este informe,
podríamos preguntarnos seriamente si
este dinero estuvo bien gastado.
Algunas de las tensiones entre los
enfoques basados en el mercado y los
de buen gobierno que fueron
detectadas a nivel nacional son
también visibles a nivel internacional.
Es evidente que el Banco Mundial y
algunas grandes agencias de la ONU,
por ejemplo, esperan obtener
beneficios financieros al posicionarse
como intermediarios en el mercado de
servicios ambientales.
Los sectores de consultoría en
forestación, conservación y desarrollo
tienen también intereses financieros
muy fuertes en estos mercados, debido
al conocimiento técnico necesario para
su efectiva implementación. Estos
grupos han mostrado claramente estar
interesados en dichos mecanismos de
mercado, sobre todo en las actuales
negociaciones sobre la Reducción de
Emisiones por Deforestación en los
Países en Desarrollo (REDD).
Muchos de estos impactos negativos
podrían ser evitados si se desarrollaran
iniciativas estrictamente
reglamentadas. De hecho, quienes
definen la política sobre biodiversidad
parecen estar más de acuerdo sobre la
necesidad de controlar las fuerzas de
mercado a través de una
reglamentación estricta y de su efectiva
aplicación. Por ejemplo, la experiencia
hasta la fecha muestra que los mejores
sistemas de “PSA” son en realidad
subsidios convencionales o proyectos
integrados sobre pobreza y desarrollo;
al rebautizarlos como PSA se buscaba
movilizar la voluntad política para
conservar la biodiversidad entre los
sectores económicamente poderosos.
Reclasificar los subsidios para la
gestión sustentable de los bosques
como mecanismos de Pago por
Servicios Ambientales no tiene por qué
ser nocivo. Sin embargo, estos
mecanismos sí implicarían un riesgo
importante si fueran posteriormente
incluidos en acuerdos comerciales
bilaterales y multilaterales, sobre la
base de que esto estimularía el
comercio de “servicios ambientales” y
generaría beneficios sociales y
medioambientales. Como se mencionó
antes, los acuerdos comerciales
probablemente socaven o incluso
impidan que se adopten las
precauciones sociales necesarias para
que los “servicios ambientales”
funcionen. La liberalización del
comercio de “servicios de ecosistemas”
que se propone bajo el Acuerdo
General de Comercio de Servicios
(GATS) de la Organización Mundial del
Comercio y en cláusulas similares de
acuerdos comerciales bilaterales y
regionales, implica que las
salvaguardas especiales para los
pueblos indígenas y/o las comunidades
locales podrían ser consideradas como
“discriminatorias” por los gobiernos y/o
las grandes empresas y las
organizaciones de conservación
extranjeras (dependiendo de los
procesos para la solución de
controversias establecidos en los
diferentes acuerdos). Entonces, utilizar
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