La vida como mercancía - Critical Information Collective

compartir libre y abiertamente el
conocimiento tradicional relativo a la
biodiversidad. El estudio reveló también
que la amenaza de una posible
apropiación indebida de este
conocimiento por parte de grandes
empresas está provocando un
creciente impacto sobre esa tradición
de compartir dentro de la comunidad.
Esto representa una gran amenaza
para el conocimiento tradicional, que ya
está en peligro de desaparecer debido
a la urbanización, la desaparición de
lenguas y la erosión de las culturas
tradicionales indígenas. El
conocimiento tradicional es el resultado
de la puesta en común, y se torna muy
vulnerable si los individuos y las
comunidades comienzan a retenerlo
para sí mismos por miedo a una
apropiación indebida por parte de las
empresas.
En Colombia quedó claro que el
proyecto PROCUENCA reduce la
autonomía de las personas sobre sus
tierras, tanto en lo que respecta a las
especies plantadas como al manejo de
las plantaciones, y a la existencia o no
de un retorno financiero razonable de
las actividades del proyecto.
En la India, resultó obvio que el
desarrollo del ecoturismo estuvo
virtualmente desligado de los
beneficios de la biodiversidad. El
estudio de caso descubrió que el
ecoturismo tiene como objetivo muchas
las de las áreas silvestres más
preciadas del país, pero no hay
parámetros claros que aseguren que
las empresas de ecoturismo no dañen
dichas zonas. Por el contrario, del
análisis de los instrumentos de política
formal del gobierno central y de varios
estados clave surgió que el ecoturismo
no es percibido como una industria
beneficiosa para la diversidad biológica
sino como una industria que se
beneficia de la diversidad biológica. Los
impactos del consumo de agua, el
desarrollo de infraestructura y la
eliminación de desperdicios se están
convirtiendo rápidamente en una gran
amenaza para la biodiversidad,
principalmente en las áreas más
vulnerables.
En Paraguay, el mercado de
compensaciones de biodiversidad está
permitiendo que los cultivadores de
soja y otros intereses corporativos
cometan delitos medioambientales, e
incluso violen las leyes sobre
deforestación. Simplemente pueden
compensar los impactos ambientales
negativos a través de una contribución
financiera a los mecanismos de Pago
por Servicios Ambientales (PSA). A lo
sumo, el impacto de este mecanismo
basado en el mercado sobre la
biodiversidad sería neutro. Sin
embargo, en realidad, la efectividad de
los mecanismos PSA está lejos de
confirmarse, sobre todo si los
comparamos con los mecanismos de
comando y control implementados
previamente: una moratoria sobre la
deforestación en el este del país redujo
la deforestación en un 83%
aproximadamente, en tan solo un año.
Como los propietarios de tierras de
esta misma región están nuevamente
autorizados de hecho a deforestar,
siempre y cuando paguen una
compensación financiera, el impacto
ambiental de la nueva ley puede
considerarse negativo.
En este sentido, es importante recordar
que la propia ley fue el resultado de la
influencia dominante de los
cultivadores de soja y otros grandes
propietarios sobre los políticos: antes
de las elecciones de 2008, se calculaba
que el 95% de los senadores y
representantes eran ellos mismos
grandes terratenientes. En tal sentido,
la ley de PSA podría considerarse
como un producto y herramienta de la
corrupción.
En el sector forestal, la eficacia de los
mecanismos de conservación basados
en el mercado se ve afectada por un
problema más profundo: el hecho de
que la definición de “bosques” utilizada
normalmente incluye los monocultivos
de árboles. Estas plantaciones tienen,
casi por definición, un impacto negativo
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