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Algunos autores han reflexionado a fondo sobre esta clase de procesos. Es el
caso, por ejemplo, de Zigmunt Bauman, quien postula que gran parte de estas
dinámicas giran en torno a la noción de «miedo», y clasifica los diferentes miedos
existentes en nuestras sociedades, postulando que los Estados modernos,
que han perdido –en gran medida– la capacidad para asegurar la vigencia de la
seguridad social (al privatizar servicios sociales, etc.) tienen que encontrar alguna
manera de brindar –al menos– seguridad personal. Para ello, el autor de
«Miedo Líquido» sostiene que el Estado tiene que identificar «enemigos» con
los cuales poder lidiar y, como no puede combatir –con éxito– el narcotráfico,
«fabrica» la figura del joven como el «enemigo» a combatir y trabaja en consecuencia.
En una línea complementaria, Loic Waqcant interpreta estos fenómenos en
términos de la necesidad de «castigar a los pobres» (así se titula uno de sus libros
sobre estos temas) y postula que estas tendencias vinculadas con la «mano dura»
no son un resultado residual del neoliberalismo, sino que son un componente
central de un enfoque que gira en torno a la «magia del mercado» (manejado por
los grandes empresarios capitalistas) que inevitablemente excluye a una gran
masa de «pobres» a los que –en definitiva– hay que «vigilar y castigar». Ello,
agrega el autor reflexionando desde sociedades industrializadas, no ha ocurrido
solo en el marco de gobiernos «neoliberales» o conservadores, sino que también
ha ocurrido en el contexto de gobiernos «socialdemócratas» (que en América
Latina podríamos asociar a los denominados gobiernos «progresistas»).
Esta larga disquisición, en todo caso, tiene el propósito de llamar la atención
sobre el tono de los debates en el Perú en torno a estos temas, donde –visto desde
fuera, como en mi caso– parecen primar exageradamente los enfoques más «punitivos»
que eclipsan, en buena medida, hasta a las más fecundas experiencias
alternativas en desarrollo en varios contextos específicos, incluyendo desde las
vinculadas con el desarrollo de ofertas de integración social para jóvenes excluidos,
hasta las vinculadas con las «medidas alternativas a la privación de libertad»
(en el caso de adolescentes en conflicto con la ley) incluyendo –por ejemplo–
la justicia juvenil restaurativa.
Yo me inclino a pensar en la necesidad de lograr más y mejores equilibrios
en este sentido, ampliando sustancialmente las propuestas preventivas y las respuestas
alternativas, acotando sustancialmente las medidas más directamente
punitivas. Hemos hablado –por ejemplo– con autoridades del Ministerio de
Educación, para implantar en el Perú la experiencia de las Escuelas Abiertas
(abriendo los liceos los fines de semana para toda clase de actividades lúdicas,
recreativas, culturales y deportivas, con el conjunto de las y los jóvenes del en-
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