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torno, y no solo con los estudiantes) teniendo en cuenta que ha sido una de las
experiencias más exitosas en este campo y que, a la vez, insume una cantidad infinitamente
menor de recursos, en comparación con las enormes cantidades de
recursos que asignamos a las estrategias más punitivas.
En México, por ejemplo, se intentó poner en práctica esta experiencia (allí
denominada «Escuelas Inclusivas»), pero en paralelo se pusieron en práctica
–también– las denominadas «Escuelas Seguras» (concebidas desde la lógica del
binomio «vigilar y castigar», incluyendo cámaras de seguridad, controles policiales
a la entrada de los colegios, etc.). Hasta allí, se trataría de una simple confrontación
de enfoques, pero el problema fue que el gobierno dispuso de recursos
para operar en 1.000 escuelas inclusivas y en 47.000 escuelas seguras, con lo
cual, el impacto del conjunto –en los mismos escenarios y frente al mismo problema–
fue notoriamente desigual en un caso y en el otro.
Creo que estos debates son absolutamente necesarios en el Perú, pero seguramente,
para que esto sea posible, necesitaremos sistematizar más y mejor las
diferentes respuestas existentes en el campo de las políticas públicas (en el Perú
y en América Latina) y, para ello, deberemos esperar el siguiente libro (yo, al
menos, lo esperaré con mucha ansiedad, por cierto), procurando, además, que
estos temas puedan discutirse rigurosamente con todos los actores (del Estado y
de la sociedad civil) involucrados en estas particulares dinámicas.
Por el momento, de todos modos, podremos avanzar sustancialmente, si logramos
que estos debates se alimenten de presentaciones serias, rigurosas y debidamente
informadas, en términos de interpretación de estos fenómenos, del
modo en que lo hace este fecundo texto en particular, que merece ser leído, analizado
e incorporado resueltamente a estos procesos de debate y de gestión de
políticas públicas. Ojalá la SENAJU pueda lograr avances sustanciales en este
campo en los próximos tiempos, pues de este modo se podrá mejorar sustancialmente
el vínculo entre generaciones en un país de población eminentemente joven,
pero que sigue negándole –en buena medida– el lugar que les corresponde.
Ernesto Rodríguez*
* Ernesto Rodríguez es sociólogo uruguayo, director del Centro Latinoamericano sobre Juventud
(CELAJU), consultor internacional de las Naciones Unidas en políticas públicas de juventud,
desarrollo social y prevención de la violencia; además es asesor de gobiernos y organizaciones
de la sociedad civil en diferentes países de América Latina, en temas de su especialidad.
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