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Concretar la inversión requerida para alcanzar esas metas durante
la presente década del 2012 al 2021 es un enorme esfuerzo que
ha sido valorizado por especialistas de cada rama en estudios ya
completados y que están a vuestra disposición.
Esas valuaciones revisables mediante el aporte de todos los
actores del sector, tienen distinto grado de certidumbres según la
información disponible, pero en conjunto dan una idea aproximada
del esfuerzo económico financiero a realizar.
Como resultado de esos estudios puede resumirse la inversión a
realizar, pública y privada para lograr un crecimiento continuado
según los siguientes cuadros. Los detallados estudios que sirvieron de
base para esta presentación se resumen en los cuadros siguientes: en
general para su confección se ha utilizado la información preparada
por distintos sectores públicos y privados, como el plan estratégico
territorial y los planes de obras de entes públicos y secretarias de
estado y publicaciones de cámaras sectoriales o emprendedores.
Como en el resto de los casos se señala en el cuadro la inversión
en construcciones privada y la pública, así como la inversión
privada en infraestructura. Se incluyen también las erogaciones
requeridas para recuperar infraestructura preexistentes y para su
mantenimiento durante la década.
En cuanto a la cuantificación de las inversiones en energía, según las
pautas anteriores se resumen aquí las investigaciones realizadas. En
cuanto a la cuantificación de la inversión en agua e infraestructura
social, se vuelca un cuadro similar.
En cuanto a vivienda y vivienda social el déficit habitacional crónico en
Argentina incluyendo viviendas de estado irrecuperable, hacinadas
y viviendas a recuperar, calculado al 2009 era de 2.500.000
soluciones habitacionales, a ese déficit se agregan cada año las
necesidades adicionales que se generan por el crecimiento neto
del número de hogares por crecimiento vegetativo de la población,
estimada en unas 120.000 viviendas adicionales. 65.000 de las
cuales corresponden a los sectores más desprotegidos.
Estos estudios entienden que para cumplir preceptos constitucionales
se debe tender a la eliminación del déficit ac umulado en 20 años
pero construyendo cada año las 65.000 nuevas viviendas sociales
para atender la formación neta estimada de nuevos hogares en ese
sector socio-económico.
Entonces para eliminar en 20 años el déficit pre existente se debería
construir además la veinteava parte de las 700.000 viviendas
irrecuperables estimadas en 2009. Se entiende que el grueso
de ellas está siendo ocupado por quienes sólo pueden acceder a las
viviendas sociales.
Ello da una meta de 100.000 nuevas viviendas sociales por año.
Durante los 20 años debería además realizarse el mejoramiento
de los 1,8 millones de viviendas recuperables, pero de calidad
deficiente estimadas a la fecha indicada, lo que implica realizar
90.000 mejoramientos por año.
Se incluye en este resumen la estimación de las inversiones en
vivienda social y la a realizar por el sector privado para sectores
medios.
Según estudios presentados por la Cámara en la Convención del
año pasado, la concreción de este renglón requerirá de políticas
activas de promoción del crédito hipotecario para sectores medios
y un cierto monto de subsidio a la demanda que sea incluido en el
resumen.
En cuanto a infraestructura urbana en este capítulo se han realizado
estimaciones propias en algunos aspectos pero basados en los
estudios sobre densidad urbana y sus efectos sobre la inversión en
infraestructura realizados por el Instituto superior de urbanismo de
la facultad de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.
Finalmente se incluyen estimaciones de inversión pública y privada
en otros sectores como comunicaciones, nuevas tecnologías,
industria, agro, minería, turismo, basadas en información publicada
por las secretarías de estado con incumbencia en cada sector,
noticias periodísticas de anuncios de emprendimientos privados, y
un análisis sobre inversión en instalaciones para acopio y para riego
para el sector agrario.
El esquema propuesto como resultado de los estudios realizados,
implica una inversión pública en infraestructura económica y social
del orden del 6,89% del PBI durante 10 años. A ello se agrega una
contribución de inversiones privadas en infraestructura realizada por
concesionarios, prestadores de servicios públicos, emprendedores,
etc... del orden del 2,01% del PBI.
La inversión total propuesta para el desarrollo y la recuperación total
de la infraestructura sería entonces del 8,9% del PBI.
Sin embargo debe señalarse que este monto incluye alrededor del
3,34% del PBI para la recuperación de infraestructuras existentes
deterioradas, y para el mantenimiento de las estructuras existentes
y a construir lo que en términos rigurosos no constituye inversión en
nueva infraestructura.
Carreteras // Marzo 2012 .27