Conocer este Documento - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

intervenciones estén orientadas no sólo a proveer de los servicios sociales básicos sinotambién a promover que las personas, familias y comunidades puedan desarrollar estrategiaspara cubrir sus riesgos, operando con criterios de focalización hacia la población más pobre yvulnerable ( incluyendo la población desplazada).La persistencia de la pobreza concentrada en ciertos grupos demográficos, zonas y/oregiones, evidencia un problema recurrente en la focalización efectiva del gasto público social,que demuestra problemas tanto de demanda, por la baja percepción del riesgo por parte de lasfamilias, la carencia de información sobre la oferta de proyectos y programas, las rutas deacceso, entre otras [1] y de oferta, en la duplicidad de programas, la falta de especialización delas entidades que los ejecutan, los vacíos en las competencias en el nivel territorial, y la faltade pertinencia y oportunidad en la prestación del servicio. Lo anterior, puede significar que elconcepto de Protección y Promoción social no ha sido debidamente apropiado a nivelterritorial, lo que conduce a que las autoridades territoriales continúen viendo la provisión deservicios sociales, no como un problema multidimensional que debe ser abordado de la mismamanera, sino como un conjunto de acciones sectoriales, independientes y no necesariamentecoordinadas y enfocadas hacia un mismo fin y un mismo grupo poblacional.Este panorama refleja debilidades en las capacidades institucionales no sólo delgobierno nacional sino también de los entes territoriales, que no se adaptan a las necesidades ycaracterísticas de la PPDE.iv.Baja gestión e inversión de las entidades territoriales en la promoción deldesarrollo económico incluyente y el impulso a iniciativas de GI para PPEDUna actividad relacionada de manera directa con la generación de ingresos a nivelterritorial es la promoción del desarrollo económico incluyente. Las disposiciones legalessobre la asignación de competencias en esta materia provienen de la Constitución Política de1991, que en su artículo 298, determina que “los departamentos tienen autonomía para …laplanificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de sus territorios…. Asímismo, la Ley 715 de 2001, establece que los departamentos son promotores del desarrolloeconómico y social dentro de su territorio, y ejercen funciones administrativas, decoordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre laNación y los Municipios y de prestación de los servicios. En desarrollo de lo anterior, a losDepartamentos les corresponde en materia de desarrollo económico: i) planificar y orientar laspolíticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y coordinar suejecución con los municipios; ii) promover y fomentar la participación de las entidadesprivadas, comunitarias y sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios que sonresponsabilidad del departamento; iii) adelantar la construcción y la conservación de todos loscomponentes de la infraestructura de transporte que les corresponda, y iv) participar en lapromoción del empleo y la protección de los desempleados.Según la misma norma, los distritos y municipios tienen las siguientes competencias enmateria de promoción del desarrollo económico (Art., 76.10): i) promover asociaciones yconcertar alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo empresarial e industrial del municipio[1] De la Asistencia a la Promoción Social. Hacia un Sistema de Promoción Social, SISD 35. DNP 2007.73