Informe Completo - Ir al sitio antiguo - Ministerio de Energía

El Profesor de Derecho Constitucional don Francisco Zúñiga Urbina, en un informe en derechoelaborado sobre la materia 51, señala que “La jurisprudencia administrativa de la ContraloríaGeneral de la República ha establecido que determinadas autorizaciones que se otorguen conposterioridad a la calificación ambiental favorable de un proyecto, no constituye una infracciónal ordenamiento jurídico relativo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando dichaautorización o permiso no ha sido individualizada en el Título VII del decreto N° 95, de 2001, delMinisterio Secretaría General de la Presidencia de la República, los cuales necesariamentedeben ser otorgados dentro del proceso de evaluación ambiental previsto en esosordenamientos. … (Dictamen Nº 24.379 de 2009 de la Contraloría General de la República 52 )”.Afirma el Profesor Zúñiga que el procedimiento establecido en la Ley N° 20.283 para laautorización de corta del bosque nativo y de aprobación del plan de manejo de preservaciónconstituye un procedimiento especial a cargo de CONAF, cuyo procedimiento y plazo dedecisión resultan incompatibles con el procedimiento establecido para el Sistema de Evaluaciónde Impacto Ambiental, y que deben tener lugar fuera de éste, señalando asimismo que siendo laley 20.283 una ley posterior a la Ley N° 19300, y siendo una ley especial respecto a ésta,prevalecería sobre ella.SolicitudconcesióneléctricaIngreso SEIAConcesiónR.C.A.Solicitud aut.del artículo 19Res fundadac/req.Plan ManejoPreservaciónComentariosSin duda, si se observa el problema simplemente desde el ángulo de los proyectos eléctricos, lasolución que aparece al mismo tiempo como expedita y como ambientalmente sólida sería elseguir la hipótesis planteada por el Profesor Zúñiga, lo que implica que la tramitación y51Francisco Zúñiga Urbina; Informe en derecho elaborado para la Comisión Nacional de Energía, 2010.52El planteamiento del Profesor Zúñiga se ve reafirmado por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República citada en el informe, laque al referirse a una autorización entregada con posterioridad a la evaluación ambiental, señala “que la autorización antes aludida noconstituye uno de los permisos ambientales sectoriales que el artículo 13, letra a), de la ley N° 19.300 ordena identificar al reglamento delprecitado sistema, y que han sido individualizados en el Título VII del ya mencionado decreto N° 95, de 2001, del Ministerio Secretaría General dela Presidencia de la República, los cuales necesariamente deben ser otorgados dentro del proceso de evaluación ambiental previsto en esosordenamientos, de manera que el otorgamiento de la autorización sanitaria de que se trata, al margen de tal procedimiento calificatorio, no haalterado dicho régimen normativo”.Informe de Final 132