Informe Completo - Ir al sitio antiguo - Ministerio de Energía

participación de los pueblos indígenas posiblemente no sea suficiente para asegurar loestablecido en el Convenio 169. Existe un riesgo de judicialización de los proyectos a través de laimpugnación a las resoluciones de calificación ambiental tomando como fundamento elincumplimiento del Convenio 169. Una especificación del aterrizaje de las obligaciones que sederivan de este Convenio es un asunto de Estado que amerita tiempo y voluntad. Pero en lacoyuntura actual, que puede ser muy prolongada, se debe asegurar que los órganoscompetentes del Estado puedan efectuar la consulta a las comunidades indígenas afectadas porun proyecto de inversión en las condiciones más respetuosas con lo estipulado en el Convenio169. Esto es, deben crear el marco para que el titular de un proyecto pueda cumplir con lalegalidad vigente y garantizar, de esta manera, seguridad a su inversión.El desafío es relevar la política pública en materia de desarrollo de proyectos eléctricos.Relevarla orgánicamente. Esto es incorporarla en el “territorio nacional” a través de los propiosinstrumentos de gestión del desarrollo regional y local. Una oportunidad para levantar unapolítica en tal sentido es la creación del Ministerio de Energía. En efecto, como nunca antes lapolítica energética tendrá una representación regional, cuyo cometido en este ámbito debe serno sólo la implementación desde arriba de las políticas públicas en la materia, sino quedireccionar los esfuerzos regionales y locales para responder a la demandas sectoriales. Una deellas es naturalmente claridad acerca de sitios y condiciones de emplazamiento de lainfraestructura energética. La agenda de las secretarías regionales de Energía deberíacontemplar como uno de sus ejes estratégicos la legitimación local de la política energética através de su inserción directa en las políticas del gobierno regional y de los gobiernos locales.Una oportunidad para ello está además dada por el procedimiento de evaluación ambientalestratégica, que está a la espera de ser debidamente reglamentado, al que deberán sometertodos los instrumentos de ordenamiento territorial. Pero podría ser una iniciativa fundamentaldel Ministerio de Energía someter a evaluación estratégica la Política Energética Nacional con lafinalidad de establecer criterios validados de emplazamiento, entre otros elementos.Informe de Final 149