REVISTA PESCA ENERO 2016

DESNUTRICIÓN, DESOCUPACIÓN Y
DESCARTE “CERO” DE PESCADO EN
LA ARGENTINA (3/3)
La FAO en su Código Internacional de Conducta Responsable
indica que “al formular las políticas nacionales
para el desarrollo y la utilización sostenible de los recursos
pesqueros, los Estados deberían prestar la debida
consideración a la función económica y social del sector
pesquero empleado en las actividades posteriores a la
captura”. No necesitamos agregar mucho más a lo dicho
por este experto organismo internacional.
Una inadecuada administración del recurso, y ello incluye
el manejo de las capturas, sus descartes y desembarcos;
y también, el poder discrecional de los funcionarios,
pueden adquirir una gravedad singular porque se
lesionan derechos de tercera generación; y en lo inmediato,
provocan desempleo, conflictos sociales y económicos
a la actividad y a la región donde se desarrolla
esa actividad. La Subsecretaría de Pesca ha sido ineficaz
para los intereses patagónicos siendo el funcionario de
ese origen y ha sido ineficaz para la provincia de Buenos
Aires siendo su funcionario bonaerense. No se trata
de funcionarios, se trata de la aplicación de políticas lesivas
al interés nacional, a los sectores trabajadores y
empresarios.
Respecto a la administración pesquera y su sustentabilidad
José Juste Ruiz considera que el desarrollo persigue
tres objetivos esenciales: “a) el objetivo económico que
consiste en buscar la eficiencia en la utilización de los
recursos y el crecimiento cuantitativo; b) el objetivo social
y cultural que promueve la limitación de la pobreza,
el mantenimiento de los diversos sistemas sociales y
culturales, y la equidad social; y c) el objetivo ecológico
que se preocupa con la preservación a perpetuidad de
los recursos naturales que sirven de soporte a la vida de
los seres humanos”.
No puede perderse de vista que la administración biológica
del recurso tiene efectos laborales y sociales que
superan los daños que cualquier empresa de riesgo
pueda asumir; ya que se trata de un recurso de propiedad
del Estado, que debe cumplir un fin social, sanitario,
poblacional y estratégico, más allá de las efectos
económicos que genere.
Es importante valorar, que los daños laborales derivados
de una mala administración son relevantes. El daño laboral
en sí mismo es grave, no solo por los efectos que
sobre los trabajadores y sus familias provoca, sino también
por el daño sobre las comunidades. Mar del Plata
donde se desembarca un 50% de las capturas y todas
las ciudades ribereñas de la Patagonia que crecieron en
base a la industrialización de este recurso, sienten duramente
el quebranto de la actividad. Accesoriamente,
aunque no menos importante, la paralización de la flota,
aparte de los efectos citados, facilita la ocupación de los
espacios marítimos por parte de embarcaciones extranjeros
y la extracción de los recursos.
Es necesario entonces, un nuevo orden en materia de la
administración, captura, distribución, industrialización,
protección y control de los recursos vivos marinos.
No me referiré aquí a los cambios que debieran efectuarse
en la administración general de la pesca, porque
no es el objeto de este escrito, pero sí, a aquellos que
aseguren la sustentabilidad y el “DESCARTE CERO” en
materia de captura y desembarcos. El Estado, al concesionar
la explotación del recurso, debe controlar si la
Empresa concesionada explota, sobreexplota o subcaptura
el recurso; si se depreda o no; si se ocupa o no
los espacios estratégicos; si se agrega o no el máximo
valor a los productos; y aún, si se ocupa o no personal
en la actividad; ya que esta concesión de la explotación,
no sólo significa una obligación para el concesionario,
sino también para el concedente que debe administrar
en forma eficiente este recurso natural; porque un recurso
natural del Estado es, por sobre todas las cosas,
una herramienta de generación de bienestar del pueblo,
Revista Pesca Enero 2016 34