REVISTA PESCA ENERO 2016

que tratándose de la pesca, está en condiciones de proveer
proteínas, salud, empleo, desarrollo poblacional e
industrial, a la par de ocupar los espacios marítimos estratégicos
de la Nación.
EN TERCER LUGAR para garantizar el control de las capturas
y con ello el “DESCARTE CERO”, es necesario establecer
la obligatoriedad de desembarcar toda la captura
de los buques pesqueros en muelles argentinos, evitando
el descarte y todo transbordo en el mar fuera de
los muelles habilitados. Para asegurar la sustentabilidad
del recurso es necesario establecer el detalle de prácticas
prohibidas, y que en atención a los efectos que producen
estas prácticas, tipificarlas de “LESA HUMANI-
DAD” cuando comprometen derechos de tercera generación;
La FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable precisa que “deberían continuar perfeccionándose
y aplicándose, artes y prácticas de pesca
selectivas y ambientalmente seguras. Los Estados y los
usuarios deberían reducir al mínimo el desperdicio de
las capturas, así como los efectos sobre las especies
asociadas o dependientes, la captura incidental de especies
no utilizadas y de otros recursos vivos” y del medio
marino”.
Este mismo Código indica, que “los Estados deberían
alentar a quienes intervienen en el procesamiento, la
distribución y la comercialización del pescado, a que reduzcan
las pérdidas y los desperdicios posteriores a la
captura y mejoren la utilización de las capturas incidentales”.
Entre otras cuestiones observables relativas a la
administración, se viene desde hace décadas admitiendo
la captura de piezas pequeñas sin capacidad de reproducirse;
sustituciones o sub-declaraciones de especies
en las capturas para no agotar las cuotas otorgadas
y, en los desembarcos controles ineficientes. Descartes
al mar de especies capturadas, y la consecuente pérdida
de proteínas de alto valor; todas cuestiones que están
prohibidas por la legislación argentina y en la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
que la Argentina suscribió y ratificó.
Es vox pópuli que las empresas que operan en la Zona
Económica Exclusiva Argentina realizan descartes al mar
de especies capturadas que no consideran aptas para la
comercialización, cuyas estimaciones estarían indicando
un volumen descartado de -al menos- unas 70 mil toneladas
anuales de pescados, que -a la par de contaminar
el medio marino- si esas materias primas se procesasen
serían una importante fuente de proteína destinada al
consumo nacional y a la dieta de los argentinos. Como
contrapartida, en el informe al Senado de marzo de
2014 suministrado por el Jefe de Gabinete se indicó que
hubo solo 7 legajos abiertos en el período 2013-2014
por infracciones de inspectores, por arrojar descartes y
deshechos al mar.
El sistema de control hace agua. El descarte de especies
por razones comerciales no es una práctica que puede
aceptarse y está prohibida desde el 1 de enero de 2014
en la Unión Europea; por tanto, el gobierno debería establecer
mecanismos compensatorios que eviten esta
práctica continua de depredación, contaminación y
pérdida de proteínas de alto valor biológico. Los descartes
de pescados se producen porque las empresas se
concentran en maximizar sus ingresos buscando únicamente
el pescado de mayor calidad y precio. Además de
ello, porque la tecnología de captura y la ley deben alinearse,
de modo de asegurar que se capture mayormente
lo esperado y se traiga a tierra todo lo capturado.
Para buscar salidas y evitar el descarte en el mar de
las especies capturadas, consideradas no comerciales,
es necesario buscar fórmulas que compatibilicen la actividad,
con las cuestiones económicas, nutricionales y
eviten la depredación, por lo cual es necesario establecer
el otorgamiento de un precio sostén sobre estas
capturas no aptas comercialmente, que el Estado podría
utilizarlas para la alimentación en planes sociales, mediante
la elaboración de alimentos saborizados, cuya
experiencia es amplia en el INIDEP y algunas empresas
nacionales.
Las sustituciones de especies y las sub-declaraciones,
que indican –al menos- un control ineficiente, se resuelve
con la aplicación de tecnologías y la implementación
de mercados concentradores en todos los puertos del
país, donde se ventilen públicamente las descargas. Para
desalentar y sancionar estas prácticas depredatorias
y contaminantes, que impiden la sustentabilidad de las
especies, pero además descartan importantes toneladas
de proteínas, es necesario tipificar de “LESA HUMANI-
DAD” los delitos que atentan contra la perpetuidad de
las especies y violan derechos de tercera generación.
Los “derechos de tercera generación” son derechos colectivos
donde el sujeto ya no sólo está protegido como
individuo o por su rol social, sino también por la integración
de un pueblo, nación, o por ser parte de la humani-
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