REVISTA PESCA ABRIL 2017

das.
CONCLUSIONES
Desde el año 2001, en que se promulga el reglamento
de la Ley General de Pesca, muchas cosas han ocurrido
en materia de cambio climático, agotamiento de las especies
y en el contexto general de la actividad extractiva
y transformadora, no solamente en el Perú sino en el
mundo.
El reglamento en mención ha sufrido tantas modificaciones,
que hoy en día aún si se hiciese un compendio o
actualización de todo ello, su interpretación seguiría
siendo confusa.
Se han promulgado una serie de decretos complementarios
y varios Reglamentos de Ordenamiento Pesquero
que en conjunto hacen que la legislación actual sea difícil
de interpretar. La profusión de normas dictadas desde
el día que se reglamentó la ley es de tal magnitud
que aún formulando un texto único ordenado de la normatividad
pesquera seguiría siendo confuso y desordenada.
Lo que se impone en consecuencia, como una primera
medida para perfeccionar la institucionalidad pesquera
peruana, es la formulación de una nueva Ley General de
Pesca con su respectivo reglamento que, a través de
una normativa moderna y sencilla incorpore todas las
normas vigentes, reemplace lo que ya devino en obsoleto,
e incorpore conceptos modernos de tal forma que
pueda ordenarse debidamente el sector.
Tres conceptos fundamentales que debería contener la
ley son:
1. Incorporar el criterio de que una nueva ley para la
pesca en el Perú no puede tener un carácter estimulador
de la actividad, sino más bien debe tener un enfoque
precautorio, limitando el crecimiento de la extracción
a fin de asegurar la sostenibilidad de las especies
actualmente disponibles. La falta de información científica
sobre el volumen y estado de las biomasas de las
especies de consumo directo en el Perú impone adoptar
un enfoque precautorio y no promotor, en tanto no se
disponga de datos científicos que permitan definir cuotas
o límites máximos de extracción. No se puede incentivar
la extracción y el consumo sin saber qué especies
pueden promoverse sin alterar el equilibrio del ecosistema.
2. Proteger el mercado nacional dándole las mismas
condiciones de operación que las existentes para el
mercado externo a fin de garantizar la seguridad alimentaria
nacional, en vista de que actualmente la exportación
ofrece ventajas sobre la venta al mercado interno,
al punto de que deviene en competencia desleal.
Es difícil hacer que la venta de productos hidrobiológicos
al mercado interno sea competitiva mientras existan
incentivos solamente para la exportación y no para el
mercado peruano. Lo que colateralmente dificulta la
promoción del consumo de pescado, que además no
debiera hacerse en la medida de lo expuesto en el
párrafo anterior.
3. Asignar derechos de pesca justos y equitativos para
la Nación. Los peces no pueden ser gratis, especialmente
aquellos que se destinan al mercado externo y alimentan
a otras poblaciones mientras gran parte de la
población peruana padece de desnutrición y anemia.
Mejores tasas de derechos de pesca permitirían financiar
programas sociales para contribuir al mejoramiento
de la alimentación de las poblaciones vulnerables, especialmente
aquellas poblaciones dispersas por encima de
los 3,000 metros de altura.
La siguiente medida es diseñar una Política de Estado
para la pesquería peruana que esté alineada con una
nueva ley general de pesca, que marque objetivos y
metas claras y precisas para el corto, mediano y largo
plazo, asegurando mecanismos que reduzcan los riesgos
de que en cada nuevo gobierno se introduzcan cambios
que alteren el espíritu de la ley y de la politica establecida,
la cual debe tener un consenso no solo político sino
de los administrados, industriales, artesanales y sociedad
civil.
Marcos Kisner
Revista Pesca Abril 2017 70