Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

por ejemplo se dedica a entender, registrar, preservar
y usar el conocimiento indígena de agricultores y pueblos
rurales de todo el mundo, y a poner este conocimiento
a disposición de los profesionales y científi cos
que se ocupan del desarrollo. 8 Tiene una hoja informativa
llamada Indigenous Knowledge and Development
Monitor, organiza conferencias internacionales y
publica bases de datos regionales y nacionales sobre
investigación en conocimiento autóctono. Las bases
de datos se fundamentan en contribuir al desarrollo
sustentable y a la educación, y en mejorar el status
del conocimiento tradicional. Sin embargo, no hay una
política defi nida respecto a los derechos de propiedad
intelectual o los derechos sobre los recursos tradicionales
y aunque a los pueblos indígenas pueda benefi -
ciarles el mayor respeto por su conocimiento y el acceso
a nuevos conocimientos, las empresas aprovechan
con fi nes comerciales sus contribuciones intelectuales
sin la obligación de ningún tipo de indemnización a
las indígenas por ese aporte.
El punto entonces en discusión es que sin duda alguna,
el valor de los productos fi nales obtenidos a partir
de los recursos y el conocimiento de los pueblos indígenas
es mucho mayor que los benefi cios que éstos
reciben a cambio, si es que llegan a recibir algo. En ese
sentido, lo común es que quienes recolectan recursos
biológicos, como las empresas o las instituciones que
patrocinan las recolecciones o compran las muestras,
ignoran sus obligaciones con las comunidades locales,
obligaciones no sólo de índole moral sino derechos
legales que amparan principios y normas internacionales.
Cuando una comunidad tradicional transmite un
conocimiento a alguien del exterior que posteriormente
lo publica, le es difícil controlar cómo se usará este
conocimiento y quién más habrá de recibirlo, porque
entra al dominio público.
Muchas de las investigaciones realizadas tienen su
origen en la información que los indígenas dan gratuitamente.
No obstante, el investigador, el escritor, la
editorial o la institución que fi nancia la investigación
reclaman los derechos de autor. El gobierno o las universidades
a menudo justifi can el quedarse con los derechos
de autor argumentando que se usaron fondos
públicos para apoyar el proyecto de investigación. Por
ejemplo, un proyecto que fi nanció la Unión Europea
para investigar la etnobotánica del pueblo Topnaar de
Namibia dio como resultado no sólo que los investigadores
exportaran plantas medicinales, sino además
que la Comisión Europea reclamara la propiedad de
todos los resultados de la investigación. De esta mane-
8 Para mayor información consultar su página en internet: http://www.
ciesin.org/IC/cikard/docunit.html
REVISTA EL FORO • Colegio de Abogados • Nº 12
ra, a pesar de que se donaron muestras de plantas al
herbario nacional de Namibia y se pasaron los resultados
de la investigación a las autoridades de dicho país,
es más probable que éstos benefi ciaron al gobierno
que a la gente que cooperó para que se realizara el
proyecto.
Algunos pueblos indígenas se han percatado de
que no se reconocen las fuentes indígenas del conocimiento.
Por ejemplo, el gobierno de Nueva Zelanda
reclamó los derechos de autor de dos documentos
que publicó sobre la administración de recursos de los
maoríes sin reconocer a los muchos informantes pertenecientes
a dicho pueblo.
III. LA IMPORTANCIA DEL DERECHO DE LA PRO-
PIEDED INTELECTUAL EN EL CONTEXTO DE LA
INMINENTE COMERCIALIZACIÓN DE CONOCI-
MIENTOS TRADICIONALES Y RECURSOS INDÍGE-
NAS.
Mediante los derechos de propiedad intelectual, se
le reconoce a los individuos una serie de derechos de
índole moral y patrimonial asociados a las creaciones
de su intelecto, ya sea en relación a obras artísticas
o literarias o a innovaciones de aplicación industrial,
entre otras.
No obstante, tal y como lo señalan algunos autores,
los derechos de propiedad intelectual no pueden
proteger adecuadamente el conocimiento y los
recursos de los pueblos indígenas ni son la panacea
para la falta de libre determinación de éstos y para las
desigualdades en materia de riqueza y poder que hay
entre las comunidades locales por un lado y los gobiernos
y empresas trasnacionales por otro. Además,
los derechos de propiedad intelectual no sólo tienen
que ser adquiridos mediante un proceso que puede
ser difícil, largo y caro, sino que además tienen que ser
defendidos. Adquirir y defender los derechos de propiedad
intelectual requiere acceso a la información,
buen asesoramiento jurídico y recursos fi nancieros y
todo esto puede estar fuera del alcance de muchos
pueblos indígenas.
Adicionalmente al aspecto antes señalado, en ocasiones
los mecanismos previstos de protección de la
propiedad intelectual, no responden a gran parte de
los intereses de los indígenas, así por ejemplo, existen
materias excluidas de patentabilidad, por ejemplo, el
caso de las plantas. Y además, los costos que representa
podrían ser muy elevados. No obstante, existen
materias patentables como el caso de las variedades
vegetales y el reconocimiento de los derechos de los
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