Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

to el Estado. En este sentido en el fallo no. 584 de las
10 horas 40 minutos del 11 de agosto del 2005 realizó
un amplio desarrollo y análisis sobre esta temática,
detallando sus particularidades, marco de evolución,
sustento constitucional entre otras consideraciones de
importancia. En lo que viene relevante al caso, cabe
señalar que la responsabilidad patrimonial (que no civil)
y extracontractual de la Administración Pública,
se enmarca dentro de un régimen preeminentemente
objetivo, que comprende en su base tanto la teoría del
riesgo como el equilibrio en la ecuación patrimonial.
Con ello se procura esencialmente, la reparación indemnizatoria
a quien ha sufrido una lesión atribuible a
la organización pública como centro de autoridad. Este
criterio fi nalista produce a su vez, una transformación
plena en el eje central de la responsabilidad misma,
pues abandona la observación analítica del sujeto productor
del daño y la califi cación de su conducta, para
ubicarse en la posición de la víctima, que menguada
en su situación jurídica, queda eximida en la comprobación
de cualquier parámetro subjetivo del agente
público actuante (salvo en lo que a su responsabilidad
personal se refi ere). Esto ocasiona, sin duda, un giro
radical en el enfoque propio de su fundamento, ya que
habrá responsabilidad del Estado siempre que la víctima
no tenga el deber de soportar el daño, ya sea este
de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. A partir
de allí, es patente la reversión de los componentes y
efectos del instituto en pleno. Tanto los presupuestos
esenciales como la carga de la prueba, adquieren un
nuevo matiz, que libera al afectado no solo de amarras
sustanciales sino también procesales, y coloca a la Administración
en la obligada descarga frente a los cargos
y hechos que se le imputan. En este marco, la responsabilidad
marcadamente objetiva dispensa el análisis
de factores de corte subjetivo e individual del agente
productor para la determinabilidad de la reparación
del daño, trasladándose a la esfera del lesionado. En
tanto se haya sufrido una lesión como consecuencia
de una conducta pública, sea esta activa u omisiva,
que no tiene el deber de soportar, se impone el deber
de resarcimiento, en virtud del principio de reparación
integral del daño que se desprende del numeral
41 de la Constitución Política. En este mismo sentido,
pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias
de esta Sala números 138 de las 15 horas 5 minutos
del 23 de agosto; 192 de las 14 horas 15 minutos del
6 de noviembre, ambas de 1991; 48 de las 14 horas 10
minutos del 29 de mayo de 1996 y 55 de las 14 horas
treinta minutos del 4 de julio de 1997.) A la luz de lo
dispuesto en dichos precedentes, y como bien lo dispuso
el Tribunal, el Ordenamiento Jurídico, a partir de
la Ley General de la Administración Pública, adopta,
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según se ha dicho, el sistema de responsabilidad preeminentemente
objetiva. Por ello, no es necesaria la
existencia -y, por ende, su demostración-, del dolo o la
culpa o, en general, una falta subjetiva imputable a los
servidores o funcionarios públicos para que surja el
deber de resarcir los daños y perjuicios causados por
su funcionamiento. Por ello, el canon 190 de ese cuerpo
legal dispone con meridiana claridad la responsabilidad
del Estado por su funcionamiento legítimo o
ilegítimo, normal o anormal, salvo que converjan en
el caso concreto, las causas eximentes que esa misma
disposición, de forma taxativa expresa, a saber; la fuerza
mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero,
correspondiéndole a la Administración acreditar
su existencia. De este órgano colegiado, puede verse
las sentencias de esta misma Sala No. 589-F-99 de 14
horas 20 minutos del primero de octubre de 1999 y
No. 252-F-01, de las 16 horas 15 minutos del 28 de
marzo del 2001.En esta misma línea, el canon 194.3 de
ese mismo cuerpo legal sienta las bases legales de la
responsabilidad del Estado Legislador. Los numerales
9, 11, 33, 41 y 154, todos de la Carta Magna, constituyen
el fundamento y sustento de la responsabilidad
del Estado Juez por el error judicial, el funcionamiento
anormal o ilícito de la función jurisdiccional. De ahí
que no podría sostenerse una “impunidad” del Estado,
bajo el fundamento de que carece de desarrollo legal,
pues aquella se encuentra establecida por principio,
en el marco de la Constitución, a la vez que supondría
un quebranto a la seguridad jurídica, el principio de
igualdad y al control de la arbitrariedad de los poderes
públicos. Así visto, su reconocimiento no está condicionado
a la existencia de mandato legal que la regule.
La responsabilidad aludida se rige por lo estatuido en
la Carta Fundamental, es decir, constituye un principio
de base constitucional, impuesto por las normas
referidas y que busca el control del ejercicio de toda
la función y conducta del Estado en cualquiera de sus
esferas, así como la tutela de los derechos e intereses
de los justiciables.
VII.- Parámetros de Imputación Legal. Funcionamiento
anormal. Por las particularidades propias de
la responsabilidad de la Administración Pública, generadas
a través de su evolución gradual, así como
el carácter objetivo alcanzado, con claro fundamento
constitucional, no puede interpretarse como un deber
resarcitorio, irrestricto y permanente, aplicable siempre
y para todas las hipótesis de lesión. Sería inaudito
un régimen de tal naturaleza y materialmente insoportable
para cualquier Estado con recursos fi nancieros
limitados. Por ello se ha acudido a criterios de imputación
que de alguna forma dimensionan, dentro de la
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