Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

ción Política. No obstante, lo anterior en modo alguno
implica una constitucionalización de los plazos legales,
pues lo que se tutela es el derecho que toda persona
tiene a que su causa se resuelva dentro de un plazo
razonable; plazo que ha de ser establecido en cada
caso concreto, atendiendo a la complejidad técnica del
asunto del que se trate, la amplitud de la prueba por
evacuar, las consecuencias para las partes de la demora
o el grado de afectación a la persona o al ambiente
del acto impugnado, la conducta de los litigantes y
de las autoridades involucradas, las pautas y márgenes
ordinarios del tipo de procedimiento en cuestión y el
estándar medio para la resolución de asuntos similares
por las autoridades de la misma materia (véanse las
sentencias Nº 2003-13640 de las 13:50 horas del 28 de
noviembre del 2003). Por lo tanto, un incumplimiento
de los términos legales, puede, a veces, no entrañar
una violación a los artículos 27 y 41 de la Constitución.
En efecto, el quebrantamiento de los ordinales constitucionales,
en estos casos, se constata al ponderar -de
conformidad con la prueba que obra en autos- que la
substanciación del procedimiento se produjo sin dilaciones
indebidas (véase la sentencia Nº 2002-09041 de
las 15:02 horas del 17 de setiembre de 2002).”… 5
III. La Administración Responde
”Es hoy un principio unánimemente aceptado en
nuestro medio, el de que la Administración responde
por todos los daños que cause su funcionamiento
legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza
mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Así
lo dispone la Ley General de la Administración Pública
y lo ha dicho nuestra jurisprudencia, la que además reconoce
en el instituto de la responsabilidad, uno de los
pilares fundamentales de nuestro Estado democrático
de Derecho, como derivación de las exigencias constitucionales
de responsabilidad de los poderes públicos
y de tutela judicial efectiva, previstas y garantizadas en
la Carta Fundamental en sus numerales 9 y 41; particularmente
este último en cuanto dispone que: “Ocurriendo
a las leyes, todos han de encontrar reparación
para las injurias o daños que hayan recibido en su persona,
propiedad o intereses morales. Debe hacérseles
justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta
conformidad con las leyes”. Para que surja el deber de
indemnizar deben darse eso sí tres elementos, a saber,
a) la existencia de un daño o lesión que no se tiene
el deber jurídico de soportar, y que debe ser cierto,
real y efectivo –no meramente eventual o hipotético- y
5 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 2006-
015454 de las dieciséis horas y treinta y cinco minutos del veinticinco
de octubre del dos mil seis, Expediente No. 06-011571-0007-CO.
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evaluable en dinero, b) una actuación u omisión de
una autoridad pública, y c) un nexo causal entre ambas
cosas, de forma que el menoscabo causado le sea
imputable al Estado o a sus instituciones. 6
IV. Funcionamiento Anormal de la Administración.
Concepto y Diferencia con Otras Figuras Afi nes
En general puede decirse que el funcionamiento
anormal comprende aquéllos supuestos en donde el
servicio público se presta en forma antijurídica, sea
porque se violaron las leyes y reglamentos que lo rigen,
las normas técnicas de buena organización o administración,
o se desatendieron las reglas de prudencia
propias de la actividad de que se trate, pues como
bien lo señalan dos connotados tratadistas españoles:
“La titularidad de esa organización o servicio justifi ca
por sí sola la imputación de los [daños] a la Administración,
tanto si ese servicio ha funcionado mal (culpa
in committendo o por acción positiva), como si no ha
funcionado (culpa in omittendo, abstenciones cuando
existe un deber funcional de actuar), o si lo ha hecho
defectuosamente (falta al deber de diligencia funcional,
deber con base en el art. 103.1 de la Constitución),
ya que todos esos supuestos quedan ampliamente cubiertos
por la expresión que la ley utiliza (‘funcionamiento
anormal’)” (García de Enterría, Eduardo y Fernández,
Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo
II. Madrid. Civitas 6ª ed. 1999, pág. 390). 7
En otros términos, tal y como lo ha defi nido la Sala
Primera de la Corte, en su Sentencia número 211-F-
2005 de 9 horas 40 minutos del 7 de abril de 2005, la
omisión en el debido proceder administrativo es causal
de responsabilidades:
“De esta manera, ha de entenderse la inactividad
material administrativa como aquella derivada de la
omisión en el cumplimiento de una obligación jurídica
preestablecida, que se produce cuando, fuera de
un procedimiento administrativo, la Administración incumple,
por omisión, una obligación impuesta por el
ordenamiento jurídico o por cualquier otro mecanismo
de autovinculación (como es el caso de un acto propio
o de los instrumentos consensuales), con lesión directa
de un interés legítimo o de un derecho subjetivo, ya
sea que altere o no una relación jurídico-administrativa
preexistente. Más simple, hay inactividad de este tipo
cuando existiendo para el ente u órgano público una
obligación de dar o hacer impuesta por el ordenamiento
jurídico o por una previa decisión suya, fuera de un
6 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia
No. 597-2005 de las catorce horas diez minutos del nueve de diciembre
del dos mil cinco. Expediente. No. 03-000066-0163-CA.
7 Ibíd.
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