Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

y/o empresas sociales que trabajan en la recuperación
y gestión de residuos; l) vigilar para que en
el marco de aplicación de esta Ley, se respete la
Ley Nº 8220, de 4 de marzo de 2002, “Protección
al ciudadano del exceso de requisitos y trámites
administrativos” 22 , y sus reformas.
Los entes locales tienen una participación muy
importante en la gestión de los residuos, no sólo
por su cercanía con la fuente del problema, sino que
también en interés de las políticas institucionales
para cumplir los objetivos democráticos y ambientales,
para ello, se requiere implementar una logística
ordenada en los procedimientos administrativos y,
el fortalecimiento de un marco económico-jurídico,
para una adecuada gestión de los residuos. Desde un
alcance global los problemas ambientales son cuestiones
que trascienden el ámbito territorial de los
entes locales, sin embargo, la municipalidad como
entidad básica de la sociedad política mantiene la
proximidad e inmediatez ante las necesidades de los
ciudadanos y las posibles acciones 23. En el criterio
de Eduardo SANCHO GONZÁLEZ, “en la dirección
del municipalismo, como realidad política, social
y administrativa; como síntesis de la expresión de
los intereses y servicios de las comunidades, regazo
donde descansa la verdadera democracia; en la
voluntad suprema del pueblo organizado desde sus
bases más elementales (la vecindad), es que concibo
el futuro del gobierno y la administración de la
cosa pública” 24 . Además, de interés lo señalado por
la Sala Constitucional, en la sentencia 2010-019877,
de 27 de noviembre de 2010, considerando IV: “El
papel de las municipalidades en materia ambiental.
De conformidad con lo dicho, las municipalidades,
como parte integrante del todo que es el Estado, tienen
dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones
una alta dosis de responsabilidad en materia
ambiental, sea mediante la aprobación directa de
permisos o licencias para las cuales se exija el previo
cumplimiento de requisitos que acrediten ante otras
instancias del poder público el adecuado manejo
ambiental, como mediante inspecciones regulares y
canalización de situaciones de riesgo ante las instancias
con mayor competencia de intervención. Ha
quedado establecido ya que a los gobiernos locales
les alcanza la obligación de coordinación y preven-
22 Alcance N° 22, a La Gaceta N° 49, de 11 de marzo de 2002.
23 Vid. RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., “Medio ambiente y administración
local”, RDU, núm. 188, 2001, p. 181.
24 Vid. SANCHO GONZÁLEZ, E., “El contenido de la autonomía Municipal
en Costa Rica”, RCDC, II, 2001, p. 120.
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REVISTA EL FORO • Colegio de Abogados • Nº 12
ción en materia ambiental dentro del ámbito de su
jurisdicción territorial, de donde resulta que ciertamente
las municipalidades son actores importantes
en la tarea de protección al ambiente. […]”.
A tenor del artículo 8, de la LR, las Municipalidades
serán responsables de la gestión integral de los
residuos generados en su cantón, para lo cual deberán:
a) establecer y aplicar el plan municipal para la
gestión integral de residuos en concordancia con la
política y el Plan Nacional; b) dictar los reglamentos
en el cantón para la clasifi cación, recolección
selectiva y disposición fi nal de residuos, los cuales
deberán responder a los objetivos de esta Ley y su
Reglamento; c) promover la creación de una unidad
de gestión ambiental, bajo cuya responsabilidad se
encuentre el proceso de la gestión integral de residuos,
con su respectivo presupuesto y personal; d)
garantizar que en su territorio se provea del servicio
de recolección de residuos en forma selectiva, accesible,
periódica y efi ciente para todos los habitantes,
así como de centros de recuperación de materiales,
con especial énfasis en los de pequeña y mediana
escala para la posterior valorización; e) proveer de
los servicios de limpieza de caños, acequias, alcantarillas,
vías, espacios públicos, ríos y playas cuando
corresponda, así como del manejo sanitario de
animales muertos en la vía pública; f) prevenir y
eliminar los vertederos en el cantón y el acopio no
autorizado de residuos; g) impulsar sistemas alternativos
para la recolección selectiva de residuos valorizables
como contenedores o receptores, entre
otros; h) fi jar las tasas para los servicios de manejo
de residuos que incluyan los costos para realizar
una gestión integral de estos, de conformidad con el
plan municipal para la gestión integral de residuos,
esta Ley y su Reglamento, y en proporción con la
cantidad y la calidad de los residuos generados, asegurando
el fortalecimiento de la infraestructura necesaria
para brindar dichos servicios y garantizando
su autofi nanciamiento; i) coordinar el cumplimiento
de esta Ley y su Reglamento, la política y el Plan
Nacional y cualquier otro reglamento técnico sobre
gestión integral de residuos dentro del municipio;
j) promover la capacitación y realizar campañas
educativas de sensibilización de los habitantes del
cantón respectivo para fomentar la cultura de recolección
separada, de limpieza de los espacios públicos
y de gestión integral de residuos; k) establecer
convenios con microempresas, cooperativas, organizaciones
de mujeres y otras organizaciones y/o