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Analizando un caso real
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El pueblo Ashaninka de la provincia de Atalaya, Región de Ucayali en la Amazonía
peruana cuestiona, desde hace años, la legalidad de las concesiones madereras de
empresas peruanas y españolas por el uso de 180,000 hectáreas de bosque tropical.
Estas concesiones del Gobierno peruano nunca fueron consultadas con las organizaciones
indígenas de la región, tal como lo establece el Convenio 169 en su artículo 15:
“los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar
a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían
perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa
de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.
Los Ashaninka se ven involucrados en una lucha legal, en la que algunos organismos
del Estado (por ejemplo, el poder judicial) se unen con el poderoso Consorcio
Forestal Amazónico. Los representantes del Consorcio sostienen que las concesiones
de explotación de madera son legítimas, mientras que la comunidad afectada,
Chorinashi, busca el apoyo de organizaciones indígenas regionales y nacionales
para demostrar que estos territorios pertenecen históricamente a los Ashaninka.
Con el apoyo de otros sectores elaboraron una propuesta
de Reserva Comunal para protegerse de los madereros y
garantizar la estabilidad de la comunidad. A través de la
movilización de las organizaciones indígenas y de la opinión
pública los Ashaninka consiguieron frenar temporalmente la
invasión de los madereros. Hasta ahora los indígenas han
hecho respetar sus derechos, a pesar de la desigualdad de
fuerzas sociales, económicas y políticas. Sin embargo, si no
logran aliarse con otros sectores (ONGs, cooperación internacional,
opinión pública) el desplazamiento y la destrucción
de la cultura Ashaninka es sólo una cuestión de tiempo.
Resumen
La idea de territorio ha experimentado grandes cambios, a partir de las
transformaciones sociales y legales en América Latina. Antes se entendía el
territorio como propiedad exclusiva del Estado. Las nuevas teorías, así como
la legislación nacional e internacional sostienen que el reconocimiento de
los territorios para los pueblos indígenas es una cuestión de supervivencia.
Existe un fortalecimiento entre territorio, autogobierno, desarrollo, y
conservación de la biodiversidad. En la práctica, sin embargo, aún en las
constituciones más avanzadas (Colombia, Ecuador, Venezuela), la realización
de estos derechos no se ha logrado. Es en los espacios como las Entidades
Territoriales Indígenas donde se puede ejercer potencialmente una territorialidad
autogestionada. Todos estos avances también han encontrado resistencias
y oposiciones en los grupos más tradicionales de las sociedades latinoamericanas.
El desafío será lograr una verdadera comprensión intercultural de
estos nuevos conceptos, como territorio, autodeterminación y autogestión.