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El linchamiento no es justicia comunitaria
Al finalizar su informativo La hora del país, sábado 1º de mayo pasado,
radio Fides trasmitió sin mayores comentarios la entrevista al diputado
Felipe Quispe por la cadena Radioprogramas de enorme audiencia en el
Perú, acerca del reciente linchamiento de un alcalde acusado de corrupción
en una población de ese país, cercana a la frontera con Bolivia. En
esta ocasión, y no es la primera vez que lo hace, Quispe defendió abiertamente
el procedimiento de hacer justicia por mano propia, a título de que
forma parte de los usos y costumbres del pueblo aymara.
Sin embargo, nos parece que tales afirmaciones obedecen más bien a
una línea de confrontación política radical con el Estado boliviano, para
lo cual, cualquier argumento o pretexto es válido. Ninguno de los estudios
antropológicos y etnográficos realizados en la última década, autoriza a
nadie, por más dirigente aymara que sea, a sostener que en la actualidad
el linchamiento sea parte de la justicia comunitaria practicada por alguno
de los pueblos originarios de Bolivia.
Es cierto que acciones corruptas de algunos alcaldes rurales, ante la
ineficacia de los recursos legales ordinarios, fueron enfrentadas con procedimientos
de lo que podría llamarse justicia comunitaria: destituciones,
castigos morales, obligaciones de trabajo comunitario, multas y, en algún
caso unos azotes quizá merecidos, penas todas ellas decididas en asambleas
o cabildos luego de amplia deliberación. Este es un tema que también
merece ser estudiado y debatido, sobre todo por la inoperancia de los
mecanismos jurídicos competentes. Pero, en ningún caso se ha llegado a
los extremos de aplicación de pena de muerte, ni menos a la aberración
del linchamiento.
La supresión de la pena de muerte es parte de una corriente mundial tendiente
a humanizar los mecanismos jurídicos en todos los países, incluido
Estados Unidos, donde todavía se aplica la silla eléctrica o la inyección de
sustancias letales. Por supuesto, también es parte de la humanización del
derecho consuetudinario de los Pueblos Indígenas en América Latina, donde
todavía figura sólo por vía de excepción aunque por lo general no se la pone
en práctica. En todo caso, allí donde todavía se la considera vigente, implica
un juicio donde comparece el acusado y donde varias personas deliberan y
deciden la pena a ser aplicada en base a procedimientos establecidos o reconocidos
por prácticas comunitarias.