Derechos Indígenas Derechos Indígenas - Fondo Indígena

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Fuente 3
Alcaldes indígenas
En Colombia, el ejercicio del poder local a través de las municipalidades ya es
una realidad para los Pueblos Indígenas pues, hay veintisiete alcaldes, quienes
ha logrado llegar mediante partidos o movimientos políticos indígenas. Algunas
de estas autoridades municipales han sido víctimas del acoso de la guerrilla y los
paramilitares. En Perú y Chile igualmente existen una variedad de experiencias
municipales con participación indígena, aunque éstas sean vía partidos políticos
nacionales. Una cantidad importante (quizás la mayoría) de loa Alcaldes distritales
y algunos provinciales en los Andes del Perú, son de extracción quechua. Cabe
destacar el trabajo de la Alcaldesa de San Pedro, (pueblo atacameño de Chile),
Sandra Berna, por su importante lucha por tierras y aguas para su pueblo.
IIDH, 2003a: 156
Fuente 4
Agroindustria versus producción campesina
Desde hace décadas, en América Latina se sigue percibiendo a los pequeños
productores campesinos como grupos humanos minusválidos que no generan
excedentes, que no son económicamente viables y que constituyen, por lo tanto,
una carga para el Estado. Para algunos gobernantes, hablar de desarrollo rural o
de campesinos es hablar de caridad, es perder el tiempo…
Progresivamente, el peso de la producción campesina está siendo oscurecido
por los éxitos de la agropecuaria empresarial, generalmente sostenida por monocultivos
de exportación ampliamente subsidiados por políticas públicas. Por ello,
varias agencias de cooperación bilateral y multilateral continúan situando a los
campesinos e indígenas en el ámbito del gasto social y solo para paliar algunos
indicadores de extrema pobreza.
De nada sirven municipios rurales controlados por grupos de poder hegemónico
y aislado de contextos territoriales mayores. Únicamente se podrá sentar
las bases para un desarrollo local sostenible cuando las estructuras del poder
político permitan una efectiva participación ciudadana a los campesinos, indígenas
y pequeños productores en las instituciones del Estado y en las instancias
propias de la sociedad civil rural. Esto significa impulsar procesos de transformación
de las estructuras sociales y económicas de nuestros países que implican
cambios en la correlación de fuerzas.
Miguel Urioste (2002: 123,124, 128)