interpretación normativista de los delitos de falsedad documental

Hugo Favián Apaza Mamani
de autoresponsabilidad: si yo asumo el riesgo de interactuar con el sujeto X, yo debo verificar
la veracidad de las declaraciones de X, porque yo fui quien decidió interactuar, siendo
suficiente garantía el que se me otorgue una declaración autentica. Me explico: cuando los
particulares interactúan entre ellos, pesa sobre cada uno el deber de verificar la veracidad de las
declaraciones dadas por su contraparte, ello en vigencia del principio de responsabilidad y
reconociendo un ámbito que es de competencia de la victima; y entonces, cuando un particular
interactúa con un funcionario público, con mayor razón el funcionario público tiene el deber de
verificar la veracidad de la declaración dada por el particular, por que si un particular –quien
protege sus propios intereses- tiene el deber de ser responsable y cuidarse de la actuación
irresponsable de los demás en su participación en el tráfico documental, lo es con mayor razón
un servidor público por cuanto este debe proteger los intereses de la colectividad.
En segundo lugar, a la posición que presento se le puede criticar señalando que el delito
de falsedad ideológica ha sido formulado como un delito común, por cuanto su redacción inicia
con la referencia “El que inserta o hace insertar en documento público”, entendiéndose que la
referencia “El que inserta” alude al actuar de funcionarios públicos, y en cambio la referencia
“El que (…) hace insertar” hace mención al actuar de particulares. Frente a esta critica cabe
responder, desde el margen metodológico adoptado, aún cuando la estructura del supuesto de
hecho de la falsedad ideológica parece ambigua, que para calificar a un delito como una forma
de los delitos de infracción de deber, ello surge del contenido el deber que se exige al
ciudadano a fin de no defraudar el rol que a él le compete, y no en cambio surge del texto del
tipo penal, porque no se esta hablando de un delito especial sino de un delito de infracción de
deber, y esta idea igualmente es expresa por SILVINA BACIGALUPO, quien afirma: “para Jakobs
no es la estructura del tipo lo que fundamenta la categoría de los delitos de infracción de deber,
sino el origen institucional del deber del sujeto activo que lesiona la norma (…) Para Jakobs
son delitos de infracción de deber no sólo aquellos que contienen un deber extrapenal, sino
toda forma de conducta en la que el autor lesiona un deber institucional, aunque el tipo de la
parte especial haya sido formulado como un delito común” 83 .
83 Bacigalupo, Silvina; Autoría y Participación en Delitos de Infracción de Deber…; p. 85 y 86 (las cursivas son
mías). Y en este mismo sentido, de no vincular los delitos de infracción de deber a la estructura de los tipos
penales, expresamente JAKOBS, escribe: “Entre los delitos de infracción de deber se cuentan todos los delitos
cuyos autores están obligados, en tanto que garantes, a la tutela, institucionalmente asegurada, de un bien (…)
Para los mencionados garantes, incluso los delitos comisibles por cualquiera se convierten en delitos de
infracción de deber, hasta en caso de comisión; así pues, la participación decae a favor de una autoría más
amplia”, en: JAKOBS, Günther, Derecho Penal Parte General… Apdo. 21/116:
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